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Alto contraste¿Un nuevo ciclo? El financiamiento de la educación superior en el Gobierno de Kast
FELIPE ZÚÑIGA P. Académico, exVicerrector de Gestión Económica y Administrativa U. Austral
Las elecciones cerraron un ciclo político, pero no resolvieron uno de los problemas estructurales del país: cómo financiar de manera sostenible la educación superior en un contexto de restricción presupuestaria. Chile enfrenta hoy un escenario fiscal estrecho, con un déficit estructural en torno al 1% del PIB según el Presupuesto 2026 presentado por el oficialismo. En ese marco, el debate sobre educación superior deja de ser aspiracional y pasa a estar dominado por consideraciones económicas.
En su primer discurso como Presidente electo, José Antonio Kast dijo que trabajará con las universidades, subrayando la necesidad de priorizar una formación integral de los estudiantes, resguardar la libre expresión y alejar las ideologías de los espacios académicos. Más allá del contenido político, tales definiciones tienen una traducción concreta en materia de política pública: requieren instituciones financieramente sólidas, con autonomía real y capacidad de sostener proyectos educativos de largo plazo.
“Si la educación superior quiere ser parte del proyecto que hoy se instalará en el país, debe estar en la agenda del nuevo Gobierno desde una lógica económica, institucional y de largo plazo”.
El FES descansa en una lógica de pagos contingentes al ingreso futuro, con expectativas de empleo formal, trayectorias laborales estables y capacidad efectiva de cobranza. Son supuestos razonables en un mundo ideal, pero frágiles en una economía marcada por informalidad persistente, crecimiento acotado y alta volatilidad laboral. No es un dato menor que la tasa de desempleo bordee el 9% y que la informalidad supere el 25% en Chile.
El rector de la Universidad Católica, Juan Carlos de la Llera, ante la Comisión de Educación del Senado, alertó sobre problemas de diseño estructural del FES, la incertidumbre financiera de largo plazo y los riesgos para la autonomía institucional y la calidad del proyecto universitario. Su punto es central: un sistema que aspire a competir a nivel internacional no puede quedar excesivamente expuesto a supuestos que se verifican recién en 20 o 30 años. A ello se suma el reciente informe del CFA, que cuestiona la estimación de ahorro fiscal atribuida al FES. El CFA advierte que dicho resultado depende de medidas externas al propio mecanismo y que, bajo su diseño actual, el FES tendría un efecto fiscal deficitario, incluso en horizontes de largo plazo. Aquí es donde el discurso del Presidente electo adquiere relevancia económica. La restricción presupuestaria, lejos de ser una amenaza, puede convertirse en un marco de racionalidad. Orden no es recortar de manera indiscriminada, es priorizar con información. No se trata de desmantelar políticas, sino de rediseñarlas con criterios de sostenibilidad, evaluación permanente y responsabilidad fiscal.
Si el FES continúa, que debiera ser así, debe hacerlo con mecanismos de corrección explícitos, incorporando la sostenibilidad financiera de las universidades como un objetivo de política pública, no como un efecto colateral. No hay formación integral, libertad académica ni pluralismo posible en instituciones permanentemente tensionadas por déficits estructurales.
Si la educación superior quiere ser parte del proyecto de orden, libertad y desarrollo que hoy se instala en el país, debe estar en la agenda del nuevo Gobierno desde una lógica económica, institucional y de largo plazo. Ese nuevo ciclo ya está en marcha.
