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Alto contrasteUna mala ley para la transferencia tecnológica
MAXIMILIANO SANTA CRUZ Socio de Santa Cruz IP y ex director de INAPI
A mediados de diciembre se produjo un hecho relevante en el debate legislativo sobre el proyecto de ley de transferencia tecnológica. La Sala del Senado aprobó la iniciativa casi en su totalidad, con una sola excepción: el artículo referido a propiedad intelectual (patentes). A solicitud transversal de senadores (RN, PS, Evópoli, PPD, UDI y Demócratas), dicha norma fue devuelta a la Comisión de Desafíos del Futuro para que el Ejecutivo evalúe patrocinar una indicación del senador Francisco Chahuán, destinada a corregir un problema estructural del sistema chileno de I+D+i.
Chile financia investigación y oficinas de transferencia, pero genera muy pocas patentes y empresas de base científica: menos de 120 solicitudes universitarias al año y más de 100 fondos públicos de I+D+i operando sin reglas comunes de propiedad intelectual. La indicación buscaba corregir esa falla, unificando la gobernanza de todos los fondos públicos -no solo los de ANID- y permitiendo que investigadores e inventores se apropien de sus resultados cuando sus instituciones no lo hagan. Si tampoco ejercen ese derecho, este pasa al Estado como última instancia, evitando que resultados financiados con recursos públicos queden abandonados.
“Una normativa que no aborda la apropiación de resultados ni corrige la fragmentación del sistema sería meramente declarativa. El Congreso debe rechazarla”.
Pese a ello, el Gobierno decidió no patrocinar la indicación. Los argumentos del ministro de Ciencia fueron sorprendentes: sostuvo que ordenar la titularidad “burocratiza”, que el Estado no podría manejar miles de proyectos y que los funcionarios públicos no deberían decidir sobre patentes. Sin embargo, la indicación no entregaba titularidad al Estado ni lo obligaba a patentar; mantenía la gestión en universidades y centros, como ocurre hoy, y solo habilitaba a los investigadores cuando la institución no actúa. Hoy, más de 280 resultados, solo en universidades, se pierden cada año por falta de mecanismos para protegerlos y transferirlos.
La evidencia internacional es clara: no todo conocimiento genera impacto, sino aquel que es protegible, transferible y escalable, como muestran premios Nobel de Economía y de Ciencias, donde la presencia de patentes es la regla y no la excepción.
Sin esta disposición, y más allá de la eliminación de trabas para que universidades e investigadores puedan crear empresas de base científico-tecnológica, el proyecto pierde su sentido estratégico. Una ley de transferencia tecnológica que no aborda la apropiación de resultados ni corrige la fragmentación del sistema corre el riesgo de ser meramente declarativa. Por ello, más que aprobar una mala ley, el Congreso debiera evaluar seriamente rechazar el proyecto y reabrir la discusión en la próxima legislatura, con una normativa que efectivamente transforme conocimiento financiado por todos en innovación y desarrollo para el país.
