Una política tarifaria para Concesiones

El Coordinador de Concesiones del MOP ha anunciado un ambicioso Plan de Licitaciones de Concesiones de Obras de Infraestructura Pública para los próximos meses de US$ 3 mil millones. Es un importante anuncio que, de materializarse, debiera dar un impulso significativo a la inversión en el sector, a partir del 2018. Esto se complementa con otro anuncio muy esperado durante bastante tiempo: el cierre de los acuerdos complementarios con las empresas concesionarias para adecuar la actual oferta de infraestructura a nuevos requisitos, que proviene de los usuarios.

Estas inversiones, de rápida concreción, alcanzan a mil millones de dólares aproximadamente, lo cual debiera ser un estímulo a la inversión a partir del 2017. Las reacciones han sido muy favorables, salvo de quienes ponen en duda la oportunidad para ampliar contratos que están finalizando. Independientemente de los juicios que al respecto se tenga, la urgencia por estimular la inversión y mejorar las condiciones de operación de algunos servicios de alta productividad, que se apoyan en infraestructura relevante, debiera ser bien acogida por los sectores productivos, usuarios de las vías que se modificarán y que han visto deteriorarse en el tiempo su servicialidad.

Mantener una cartera de proyectos en proceso de licitación y adecuar la oferta de servicios de los contratos vigentes debiera ser una función permanente de la nueva institucionalidad que se está discutiendo en el Parlamento para el área de Concesiones del MOP. De igual forma, esta nueva institucionalidad debiera asumir la responsabilidad de dar la máxima claridad posible acerca de otros aspectos fundamentales para la proyección en el largo plazo del sistema de Concesiones en Chile.

Entre otros aspectos, como Consejo de Políticas de Infraestructura nos parece que el diseño de una Política Tarifaria debería constituir parte fundamental de sus preocupaciones futuras. De hecho, hay un número importante de concesiones viales cuyos plazos contractuales comienzan a vencer a principios de la próxima década, que deberían dar origen a una discusión acerca de las tarifas con la que los nuevos contratos se van a licitar nuevamente a inversionistas y operadores privados, como está establecido en la Ley de Concesiones. En lo fundamental, creemos que éstas debieran dar sustento a un Plan de Inversiones en el sistema de transporte del país que se proyecte para los próximos 25 años, tal como se estructuró una oferta políticamente validada a principio de los 90.

Si bien hoy las necesidades de infraestructura son distintas que las de ese entonces, los requisitos por contar con un sistema de calidad que contribuya a una mejor competitividad de nuestros sectores productivos y una mayor calidad de vida de los habitantes del país es igualmente válida que en ese entonces.

Al existir restricciones severas en el Presupuesto Público, cono consecuencia de las mayores demandas sociales y de la caída del precio del cobre, es necesario contar con el apoyo del sector privado para ampliar nuestro sistema de transportes y para ello es importante recurrir a la modalidad de las concesiones, las que se sustentan en buena medida en el pago de tarifas por parte de los usuarios.

Éstas deben ser parte de una política pública conocida, valida y no discrecional, de modo que la comunidad sepa que se avanza en una determinada dirección en cuanto a inversión y que los usuarios del sistema sepan acerca del destino de sus contribuciones.