…. Y dele con lo mismo

Andras Uthoff, economista e integrante de la Comisión Bravo

Llegó el anuncio de la reforma al sistema previsional chileno. Un sistema cojo, basado exclusivamente en un mercado obligatorio de ahorro individual el cual, gracias a la reforma de Bachelet I, se subsidió con una red de apoyo a los adultos mayores en situación de pobreza. Este diseño sigue  decepcionando por sus malos resultados. Expertos internacionales especializados en administrar fondos de pensiones, lo reconocieron  como incompleto y deslegitimado.  

Pero fiel a la doctrina desde “tiempos” de su hermano, el Presidente desea superar las falencias insistiendo en más mercados subsidiados. Una estrategia de dos componentes. Cambios paramétricos del actual diseño, y dos nuevos mercados de seguros. 

Entre los cambios paramétricos eleva la tasa de cotización a la seguridad social desde 10 a 14,2 %, con cargo al empleador pero destinada a la cuenta individual del trabajador. La promesa de un 40 % de aumento de la pensión autofinanciada,  con suerte sería  dentro de 40 años y sin ninguna garantía. La administración de esa cuota en instancias diferentes a las AFP reforzara el ya complicado y poco transparente proceso de decisiones financieras a cargo de los trabajadores. Propone un aumento gradual del pilar solidario, tanto en el monto de la PBS como la PMAS. Incremento que será depreciado por la inflación y seguirá siendo asignado como asistencia social, debiendo el beneficiario calificar entre el 60 % de las familias más pobres, estigmatizando a su familia. Intentará elevar la edad de jubilación, generando incentivos para que el afiliado postergue su edad de retiro.  Pero con pensiones  bajas y oportunidades ocupacionales precarias el trabajo responderá más a una necesidad por subsistir.

También proponen dos seguros, uno de dependencia y otro para lagunas previsionales. El primero es ambiguo y  financiado mediante una prima que terminará descremando a los afiliados según relación patronal y continuidad en el sistema. El subsidio por el Estado para los más vulnerables, se asemeja a un seguro dual,  como ya lo conocemos entre ISAPRES y FONASA. Para las lagunas previsionales solo rescatan un seguro que opera para quienes superan un umbral de cotizaciones, dejando a la gran masa de afiliados en empleos vulnerables excluidos de sus beneficios.

Por años aceptamos el dogma heredado de la dictadura militar de que el mercado podía sustituir al Estado en el  ámbito de la seguridad social. No ha sido el caso, y los errores son aberrantes. Las superintendencias se ocupan de regular una industria y no un sistema de pensiones. Hoy estamos afirmando que las pensiones se mejoran con más competencia. Hacemos caso omiso de que no existe una institución que se ocupe de la participación de los trabajadores en el sistema, ni de un pilar que se ocupe de la relación entre las diferentes inserciones laborales de los ciudadanos y sus derechos a una jubilación.  

Alcanzar pensiones a niveles dignos para todos ofrece la oportunidad de acordar el marco normativo e  identificar las restricciones presupuestarias y desigualdades para construir el país en que queremos vivir. Con cambios a los parámetros de un sistema que ya demostró que no sirve y nuevos mercados excluyentes no lo lograremos. Este Presidente perdió la oportunidad de construir un nuevo contrato social para recuperar la seguridad social que su hermano hizo desaparecer desde tiempos de la dictadura. Su recuperación es una necesidad reclamada aun por observadores internacionales y que debiera convocarnos a todos para lograrlo.