Editorial

Campaña electoral… y 12 años de sequía

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iversas industrias están realizando inversiones y adecuando operaciones para enfrentar de mejor manera lo que, tras 12 años de sequía, ya es una realidad estructural de nuestro panorama económico: la escasez hídrica.

En la industria minera, por ejemplo, se implementan soluciones como plantas desaladoras o mejoras de gestión del recurso a través de tecnología; en la agricultura, en tanto, un foco clave está en aumentar la eficiencia del riego, para hacer más, con menos. Y en nuestra sección de “periodismo de soluciones” un artículo mostró técnicas de infiltración de acuíferos de fácil y económica implementación. Sin embargo, incluso los avances en innovación y eficiencia eventualmente topan con el hecho práctico de que el agua es poca y se usa cada vez más.

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“Se necesita un involucramiento del Estado para generar una posibilidad cierta de aumentar la oferta de recursos hídricos”, decía en esta página a inicios de año el director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura. Los recientes cambios institucionales propuestos en el proyecto que crea una Subsecretaría de Recursos Hídricos al interior del MOP -y otras medidas que racionalizan una institucionalidad dispersa- pueden ser pasos adecuados, pero sin duda existen también pasivos en infraestructura hídrica de larga data que es urgente abordar (el continuo aplazamiento del Plan Nacional de Embalses es sólo una muestra).

En un año electoral como éste, y cuando muchos plantean nuevas y complejas responsabilidades para el Estado -en áreas mucho más discutibles que la gestión hídrica-, parece existir una oportunidad de convertir el combate a la sequía en la política pública relevante y prioritaria que no ha sido hasta ahora, al menos en el plano político.

Porque si la pandemia ha puesto de relieve los desafíos de nuestra economía digital, la falta de agua nos recuerda con crudeza los límites de nuestro desarrollo.

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