Caso Arcis: fallido estreno de la ley
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Motivado por el caso de la Universidad del Mar y bajo la lógica de que a través del control estatal se podrían evitar nuevas situaciones críticas, el Ejecutivo -replicando el modelo existente en educación escolar- tramitó en 2014 la Ley de Administrador Provisional y Cierre de Instituciones de Educación Superior. Primera ley de educación de este gobierno, regula los procesos de investigación del MINEDUC y establece las posibles sanciones, como el nombramiento de un administrador provisional o incluso el cierre de una institución, en caso de riesgo serio de no garantizar la viabilidad administrativa o financiera de la institución, o incumplimiento de los compromisos académicos.
Este administrador asume todas las facultades y atribuciones de la universidad y las autoridades universitarias quedan suspendidas. Si terminada la gestión del administrador no se subsanan los problemas, eventualmente se da inicio al procedimiento de revocación y se nombra un administrador de cierre.
En ARCIS se designó dicho administrador provisional, traspasándole la carga de subsanar la gravísima situación financiera, académica y administrativa. Tras año y medio, no ha podido solucionar la situación y su gestión ha sido ampliamente criticada: aún existen cuantiosas deudas (más de $ 6 mil millones), además de demandas laborales y sueldos impagos (más de $ 700 millones), entre otras dificultades.
Así, se verifican las críticas surgidas desde la presentación del proyecto de ley: pretender que todas las deficiencias financieras, académicas y administrativas se solucionarían instalando a un funcionario nombrado por el gobierno de turno es simplemente ingenuo.
