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Alto contrasteCompetitividad portuaria
En la tercera y más reciente versión del programa presidencial de la candidata oficialista, Jeannette Jara, se ha propuesto establecer el cobro de una tasa portuaria, bajo el argumento de generar recursos para financiar el desarrollo de las ciudades donde se emplazan estos terminales. Sus promotores sostienen que la iniciativa responde a una “compensación territorial” por los impactos urbanos y ambientales que generarían las actividades portuarias, en una argumentación que, por un lado, minimiza los impactos en competitividad y que, por otro, camina en sentido contrario a lo que impulsan los competidores del país.
Más del 90% del comercio exterior de Chile se moviliza a través de 72 instalaciones portuarias –públicas y privadas-, emplazadas a lo largo de 4.200 kilómetros de litoral, que han posicionado al país como una plataforma de negocios y centro de intercambio. Sin embargo, pese a la destacada posición regional por volumen de carga transferida, el sector ha comenzado a mostrar signos de rezago frente a otros países del Pacífico Sur, particularmente por dificultades en el sistema logístico y en la capacidad de concretar proyectos de ampliación.
En este contexto, la tasa portuaria de US$ 1 o US$ 2 por cada tonelada transferida que la candidata ha propuesto cobrar a exportadores o importadores, según corresponda, no es una medida neutra desde el punto de vista económico, pues su carga terminaría recayendo sobre los usuarios de los servicios logísticos y, en última instancia, sobre las pequeñas y medianas empresas exportadoras que enfrentan márgenes cada vez más estrechos.
La propuesta pasa por alto que los puertos concesionados ya pagan un canon por el uso de infraestructura estatal, que incluye un componente fijo y otro variable, según tonelada movilizada. Dicho pago se incorpora luego a las utilidades de las empresas portuarias públicas, gravadas con el impuesto corporativo y, adicionalmente, con un gravamen especial del 40% sobre las utilidades, destinado directamente al Fisco. Este esquema, junto con el pago que realizan las navieras por la tarifa de uso portuario (TUP), que ha recaudado cerca de US$ 800 millones en las últimas dos décadas, es una fuente permanente de recursos. De hecho, desde hace un tiempo, los gremios portuarios vienen denunciando que aunque lo recaudado por la TUP debe destinarse a mejoras en los puertos y en especial, a bienes comunes -de acuerdo con la Ley 19.542-, se desconoce el destino de estos recursos, ante una evidente ausencia de obras y programas de mejoras.
En tal escenario, la tasa portuaria propuesta funcionaría como una doble tributación, desincentivando la actividad y reduciendo el atractivo de los terminales nacionales frente a alternativas regionales, en especial de los puertos peruanos.
Por el contrario, actores del sector han insistido en que las prioridades debieran focalizarse en acciones que generen mayor competitividad, como mejoras en accesos, renovación de concesiones, condiciones de seguridad óptimas para transportistas y aumento en el porcentaje de disponibilidad de terminales por condiciones de mar, entre varias otras.
Lo que se necesita no son más impuestos que impongan una mayor carga a una actividad clave para la competitividad del país, sino una estrategia integral que combine eficiencia, transparencia y desarrollo regional, a fin de seguir potenciando a los puertos como motor de crecimiento.
