Costo por “mala fe”en judicialización

Miembros del equipo programático de Evelyn Matthei han planteado la necesidad de promover una reforma legal que “encarezca el negocio de litigar de mala fe o con el solo propósito de ganar tiempo”. El diagnóstico detrás de esta idea es que a diario y a todo nivel se acude al recurso de protección o de queja con el fin de demorar los planes que promueve el detractor.



Según se detalló, el Código de Procedimiento Civil contemplaba la figura de “mala fe” para casos de menor cuantía, la cual, no obstante, fue eliminada. La idea es reponer dicha noción, así como hacer más oneroso el abuso de la figura del recurso de amparo económico, de modo que cuando se acredite pueda haber un costo mayor que el pago de las costas del juicio, las que resultarían relativamente bajas en comparación con sus efectos.

Más allá de que desde principios de 2012 está en trámite legislativo un proyecto de reforma al Código Procesal Civil (el cual data de 1903), el diseño de reformas que introduzcan incentivos en las disputas judiciales entre particulares y que encarezcan el abuso de ciertos recursos procesales va en la dirección correcta, máxime cuando la evidencia revela que la judicialización se ha tornado en un factor clave a la hora de explicar la demora de importantes proyectos de inversión. No se trata de disminuir el legítimo derecho de acudir a la justicia para zanjar diferencias, sino de evitar que se abuse de ese derecho, con el propósito de ganar tiempo o incluso como forma de presión y de negociación para lograr algún beneficio. Sin menoscabar la garantía de reclamar ante tribunales, es importante evitar que los planes de inversión terminen siendo rehenes de intereses especiales.