Elección directa de intendentes
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El proyecto de reforma constitucional que reemplaza la actual figura del intendente por un gobernador como órgano ejecutivo del gobierno en las regiones elegido en votación directa ha dado pasos esta semana en el Congreso hacia un acuerdo que le puede dar viabilidad política y que, de aprobarse en el curso de este año, permitiría su puesta en ejecución en 2017, como estaba inicialmente previsto.
El porcentaje de votación para lograr el triunfo electoral, las competencias o facultades que tendrá la nueva autoridad, los límites que habrá entre su gestión y la de otros personeros de la administración central y los recursos con que contará para su función, son algunas de las principales discusiones en curso. Y su definición marcará el próximo debate y seguramente delimitará qué fuerzas se sumarán o no al eventual acuerdo.
Un asunto clave que no debe perderse de vista es que el país requiere avanzar hacia una descentralización efectiva, retardada por años y que hace tiempo concita alto consenso.
Además de los aspectos políticos en juego, y que por cierto son importantes, también hay que considerar que el fuerte centralismo que existe en el país tiene consecuencias significativas en lo económico y en el social. Y los beneficios de la descentralización se dan sobre todo en estos últimos aspectos.
Una reforma bien diseñada en lo técnico puede ser un incentivo efectivo hacia la descentralización del país.
Por el contrario, los errores que se comentan pueden llevar a consecuencias indeseadas, como duplicidad de funciones, conflictos de interés, gastos innecesarios, e incluso incubación de populismo.
