Fiscalización laboral

La ministra del Trabajo ha expuesto en forma categórica que su cartera, en particular la Dirección del Trabajo (DT), coparán todo el espacio que contempla el marco legal para perseguir en forma enérgica a aquellos empleadores que cometan infracciones. En lo que, se infiere, serán los énfasis del nuevo rol fiscalizador de la DT, la secretaria de Estado expresó su voluntad de que la repartición sea tan “respetada y temida como el Servicio de Impuestos Internos”. La titular de Trabajo hizo las declaraciones en el contexto de una campaña dirigida a empleadores “presuntamente” en mora previsional, afirmando que “en este momento hay aproximadamente US$ 1.800 millones en imposiciones no pagadas a los trabajadores”, recursos que deben ser acreditados y que quienes incumplan se exponen a “las penas del infierno”.



La ministra Matthei, haciendo gala de su indiscutible manejo político, no ha dejado espacio de duda respecto de la aproximación que tendrá el actual gobierno en una materia tan sensible como la fiscalización laboral. Con sus palabras ha resuelto enviar un mensaje claro a las empresas en orden a que se procederá con rigor en el ejercicio diario del control de infracciones, agregando su decisión de eliminar los vacíos legales o normativos que pueden producir incentivos ya sea a reincidir o a preferir la multa a corregir la práctica sancionada. Lo anterior, se esbozó, se lograría ya sea con multas más ajustadas a la gravedad de la infracción o con sistemas de penalización crecientes por reincidencia.

Por de pronto, y en el entendido de que el proceso de reformas que el país ha convenido en materia de judicatura laboral justifican a estas alturas señales políticas enérgicas y consensuadas entre los distintos sectores -y asumiendo que ésta, más que una declaración emitida con interés político, es un mensaje de Estado-, resulta del todo necesario que la autoridad fiscalizadora dé curso a esta política con una ajustada sintonía fina, que no condene al “infierno” a empresarios pequeños o medianos que infringen la ley por desconocimiento y que calibre la aplicación de las penas, teniendo como norte que en el país se respeten las leyes y no un mayor récord de multas.

La autoridad ha dado señales de que esa es su vocación, lo que se valora, como deben valorarse también hechos que dan cuenta de que Chile es un país con bajos niveles de conflictividad laboral en el sector privado y que crecientemente las empresas se están preocupando por sus colaboradores, como lo muestran rankings de los mejores lugares para trabajar y de RSE.