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Alto contrasteFragilidades del empleo
Las últimas cifras de la encuesta de empleo del INE trajeron cierto alivio al mercado laboral. La tasa de desocupación se ubicó en 8,6% en junio-agosto, un rango similar al del trimestre móvil inmediatamente anterior y tres décimas por debajo de lo anotado hace un año. Aun así, el desempleo sumó 32 meses sobre 8%, lejos todavía del registro anterior a la pandemia, en un contexto en que, tras cinco años, la economía mantiene un déficit de 275 mil puestos de trabajo respecto del nivel previo a la crisis sanitaria.
A menos de seis meses del término del Gobierno, resulta difícil sostener que la crisis del mercado laboral no guarde relación con las políticas impulsadas desde La Moneda, considerando que el período administrado por el actual Ejecutivo no ha enfrentado eventos críticos –como lo fueron el terremoto de 2010 o la crisis subprime–, y, en cambio, ha estado sometido a frecuentes cuestionamientos respecto de los alcances de sus políticas laborales. La última advertencia provino del Banco Central, organismo que en su reciente IPoM expuso que el aumento del salario mínimo ha provocado una caída de 1,5% en el empleo asalariado formal y una baja promedio de 5,6% en el empleo de las empresas expuestas a esta remuneración.
De acuerdo con las cifras del INE, aunque la tasa de ocupación anual anotó un alza de 0,2 punto porcentual en junio-agosto, la de participación no creció por noveno trimestre consecutivo, lo que refleja un mercado laboral incapaz de reincorporar plenamente a quienes se retiraron durante la pandemia. El cuadro se agrava por la persistencia de fragilidades específicas. Los jóvenes enfrentan una tasa de desempleo en torno a 20%, señal de problemas de inserción laboral temprana y de la desconexión entre formación y demanda efectiva. Las mujeres mantienen un nivel de desocupación superior a la de los hombres -9,3% versus 8%-, con un contraste mayor entre universitarias, donde cerca del 10% carece de empleo, lo que evidencia que la mayor formación ya no opera como un blindaje frente a la desocupación. Y la informalidad afecta a uno de cada cuatro trabajadores, lo que significa que cerca de 2,4 millones de personas carecen de protección social y estabilidad.
Todo este contexto refleja que la alta desocupación no es un fenómeno coyuntural, sino un problema estructural, donde la combinación de costos laborales crecientes, baja inversión, informalidad y estancamiento de la productividad restringe las perspectivas de desarrollo.
Con escasos meses por delante, el tiempo de este Gobierno ya se agotó para emprender reformas de fondo en el mercado laboral. La tarea pasa ahora a los aspirantes a La Moneda, quienes deben asumir que revertir esta trayectoria exige políticas que fortalezcan la inversión, promuevan la reconversión y faciliten la reinserción laboral para que la creación de empleo vuelva a operar como eje del crecimiento.
