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Alto contrasteIncertidumbre regulatoria
El mayor proyecto de inversión ingresado en la historia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), por más de US$ 16 mil millones de la empresa TotalEnergies H2, entró en un escenario de incertidumbre tras la avalancha de observaciones emitida por la autoridad sectorial, a las que aún deben sumarse las que presentarán los más de 630 observantes que participaron en el proceso de consulta ciudadana. En un país que requiere con urgencia retomar el crecimiento, señales de este tipo resultan contradictorias con el discurso del Gobierno de agilizar la tramitación ambiental y reducir la carga de la permisología, más aún en un sector emergente y de proyección estratégica como el hidrógeno verde.
Lo ocurrido recuerda la prolongada tramitación del proyecto Dominga, que suma más de 12 años en idas y vueltas institucionales, dejando en evidencia cómo la ausencia de criterios claros y previsibles puede convertir el SEIA en un obstáculo estructural para la inversión. La iniciativa que TotalEnergies H2 busca materializar en Magallanes ya adicionó un nuevo traspié: la solicitud de suspender la tramitación ambiental hasta marzo de 2027 fue rechazada y el plazo se extendió solo hasta diciembre de 2026. Expertos en gestión de proyectos ya adelantan que podría volverse cuesta arriba para la firma cumplir los parámetros exigidos por el SEA, dada la magnitud de las observaciones. Entre ellas se cuentan la obligación de aclarar aspectos relativos a los Permisos Ambientales Sectoriales, así como medidas ambientales, compromisos voluntarios y seguimiento. Del mismo modo, se solicitan campañas adicionales y en terreno, iniciativas de preservación arqueológica, junto a estudios de flora y fauna, pero que solo pueden realizarse en las temporadas de primavera-verano y otoño-invierno.
Cuando las exigencias ambientales carecen de una lógica unificada y plazos razonables terminan operando como barreras al desarrollo de inversiones que podrían significar un salto en ingresos fiscales, generación de empleo y encadenamientos productivos. Chile necesita elevar su tasa de crecimiento más allá de un mediocre 2% y, en ello, proyectos de alta envergadura pueden marcar la diferencia en la diversificación de la matriz exportadora y en la consolidación de nuevas industrias sostenibles. No se trata de relajar las reglas ambientales, sino de acompañar a las empresas para que los proyectos sean viables, como lo viene demostrando Brasil.
La actual reforma a la institucionalidad ambiental, aún en tramitación, parece insuficiente frente a desafíos de esta magnitud. Es indispensable construir un marco que, sin debilitar las exigencias, otorgue certeza jurídica, simplifique trámites redundantes y fije plazos estrictos y cumplibles. Lo que está en juego no es solo un proyecto ni un sector emergente, sino la capacidad del país para sostener una estrategia de crecimiento que combine inversión, diversificación productiva y empleo de calidad, que permita consolidar una economía competitiva en el largo plazo.
