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Alto contrasteInforme de la Comisión para la Paz y el Entendimiento
El informe final de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento entregado esta semana al Presidente Gabriel Boric constituye un paso valorable y relevante hacia una solución integral y sostenida al conflicto histórico entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. Fruto de un proceso transversal, con una participación activa y diversa, y una validación política amplia, el documento propone un conjunto de reformas orientadas a reconstruir una relación sobre la base del reconocimiento, la reparación y la participación.
Tras 22 meses de trabajo, los comisionados elaboraron una propuesta en la que sostienen que el conflicto es de carácter histórico y estructural –y no un problema de orden público- y que su abordaje requiere una hoja de ruta, que es el inicio y no el final del trabajo que hay por delante, con el fin de viabilizar una salida política y transversal.
De esta forma, el acuerdo estructura sus propuestas en torno a distintas capas del conflicto, las que organiza en cinco ejes. En el primero admite que hasta ahora no ha existido un reconocimiento adecuado e integral de los pueblos indígenas, frente a lo cual insta a avanzar tanto hacia su reconocimiento constitucional, como de sus derechos individuales y colectivos. En segundo lugar, advierte la ausencia de una política adecuada de reparación a las víctimas mapuche y no mapuche de la violencia rural y plantea la necesidad de una ley integral sobre la materia. Luego, evidencia las fallas estructurales del sistema de restitución de tierras que demandan una reforma normativa e institucional. Y, asimismo, constata brechas de desarrollo territorial que requieren medidas productivas y de equidad social. Finalmente, expone las debilidades de la institucionalidad vigente y plantea fortalecer estas áreas mediante un nuevo órgano coordinador de la política indígena.
El esfuerzo desplegado por la Comisión es significativo y requiere que sea encauzado en las instancias que correspondan para dar viabilidad real a soluciones que superen la retórica y se traduzcan en cambios concretos y sostenibles.
Desde esa perspectiva, es importante tener en cuenta que siendo el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas un paso necesario, debieran excluirse ambigüedades que permitan reinterpretaciones en clave plurinacional. Por otra parte, los mecanismos para la restitución de tierras requieren garantías de cierre. Si bien se avanza en establecer límites y criterios, la posibilidad de que comunidades futuras se constituyan para demandar tierras, sin topes temporales ni presupuestarios claros, puede abrir un ciclo indefinido que contradiga el objetivo de resolver el conflicto. Asimismo, frente a la creación de nuevos organismos debiese evitarse la multiplicación de instancias burocráticas. Y, finalmente, la propuesta de un tribunal con decisiones no recurribles debiese debatirse.
Con todo, y pese a las reticencias de algunos sectores, el informe representa un avance significativo por la amplitud de su respaldo político y por el esfuerzo de escucha y diálogo. Es un intento genuino por encauzar institucionalmente un conflicto de larga data y su mayor valor quizás radique en haber logrado convergencias básicas para acuerdos más acotados pero operativos.
