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Alto contrasteIntervencionismo presidencial
En cadena nacional, el Presidente Gabriel Boric usó la presentación del proyecto de Presupuesto 2026 para criticar la propuesta de ajuste fiscal del candidato presidencial José Antonio Kast. Evitando mencionarlo, el mandatario calificó de “irresponsable e indeseable” recortar US$ 6.000 millones de gasto público -que, como se sabe, ha propuesto el abanderado republicano-, transformado lo que debió ser una exposición institucional en un mensaje con evidente carga electoral. Lejos de ser espontáneo, el acto fue calculado y se dio en un marco en que la discusión presupuestaria se avizora complicada por la fragilidad de las cuentas públicas y en un escenario en que la postulante del oficialismo aparece estancada en las preferencias electorales.
Con su gesto, el Presidente ha tensionado el límite entre el ejercicio del cargo y la campaña, instalando un flanco institucional de alto costo, que erosiona la prescindencia política, principio que resguarda la imparcialidad del Estado en la competencia electoral.
Llama la atención que, a seis meses de concluir su mandato, el Gobierno abra un frente innecesario que, en los hechos, complejiza y politiza la aprobación de su último presupuesto. La UDI, de hecho, ya anunció que presentará una denuncia ante la Contraloría, organismo cuya doctrina es enfática al respecto, con diversos instructivos sobre la probidad y prescindencia con que deben conducirse los funcionarios públicos en los procesos electorales.
Con todo, no se trata de un hecho aislado. El Presidente ya había respaldado explícitamente a la candidata oficialista en eventos partidarios y redes sociales, además de impulsar proyectos sin viabilidad legislativa, pero con carga electoral. Ahora, en un escenario donde Jannette Jara se ha estancado en las encuestas y restan menos de 50 días para la elección del 16 de noviembre, las intervenciones presidenciales se han vuelto más frecuentes. Sin embargo, la estrategia parece errada porque lejos de favorecer a su abanderada, acciones de este tipo refuerzan a Kast como contraparte del Gobierno, dándole más visibilidad.
La presidencia de la República no es un espacio para la militancia activa, pues cuando la figura que encarna al Estado se involucra en la contienda, confunde la comunicación institucional con el discurso partidario, comprometiendo la imparcialidad de la administración pública. La ventaja que ya tiene el Ejecutivo en visibilidad, acceso a medios y recursos se transforma, así, en una herramienta que distorsiona la competencia. Lo que las reglas de prescindencia buscan evitar es, precisamente, que el poder público se confunda con la campaña, debilitando con ello la calidad deliberativa.
El Presidente ha dicho en diversas ocasiones que “habita un cargo”. Ese cargo, sin embargo, no puede confundirse con el rol de un dirigente político en campaña. Cuando restan escasos meses para el término de la actual administración, actuaciones de este tipo ya no pueden atribuirse a la inexperiencia o a la juventud. La magistratura presidencial requiere autocontención y respeto estricto a su carácter institucional. Lo que está en juego no es solo el resultado de una elección, sino la calidad de las reglas que sostienen la competencia democrática.
