¿La misma vara para todos?

En el último tiempo la sociedad se ha puesto crecientemente exigente respecto a estándares éticos y de probidad de nuestras autoridades y empresarios, lo cual es positivo. Un cumplimiento más exigente de una legalidad que se perfecciona es, sin duda, un avance respecto del desarrollo de nuestro país.

Sin embargo, parece muy contradictorio con lo anterior que no se esté dispuesto a avanzar con los mismos criterios de exigencia respecto de otros actores sociales, igualmente relevantes en el progreso del país. En el proyecto original de reforma laboral, junto con el objetivo de dar más poder a los sindicatos y a sus dirigentes, se avanzaba en términos de exigencias respecto de las características que debía tener la huelga. Primero, se determinaba que ésta debía ser "pacífica" y segundo, se sancionaban actos de violencia que se realizaran en el ejercicio de la misma. Las presiones de la CUT lograrían finalmente que estos aspectos fueran eliminados del proyecto de ley, lo que constituye una señal nefasta en términos del clima de confianza que se quiere construir entre trabajadores y empleadores. No se entiende que el gobierno plantee que la reforma no llevará a mayor conflictividad, si en el intertanto estos actos ilegítimos pasan de alguna manera a ser aceptados como una forma válida de negociación.

Lo anterior es especialmente preocupante cuando en la práctica ya se ha visto que mediante actos violentos y de presiones indebidas a trabajadores y empleadores algunos dirigentes sindicales han logrado sus objetivos. Es contradictorio que mientras avanzamos en sancionar malas prácticas de algunos grupos, se empiecen a validar las de otros.