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Alto contrasteLas interrogantes que deja El Teniente
El mayor accidente que ha enfrentado Codelco en 35 años, tras un colapso subterráneo en la mina El Teniente, en el que murieron seis trabajadores, ha provocado conmoción nacional ante una tragedia transmitida prácticamente en directo, al tiempo que ha abierto una serie de interrogantes sobre la eficacia de las políticas de seguridad y las responsabilidades de los actores involucrados, en un sector reconocido por sus altos estándares, protocolos y tecnificación.
El accidente en la mina de cobre subterránea más grande del mundo ocurrió después de un sismo de magnitud 4,2 en la escala de Richter, a las 17:35 horas, del 31 de julio. Desde ese momento las operaciones se detuvieron. Expertos consultados por DF estiman que el cese de operaciones le significa a Codelco una merma diaria de hasta US$ 10 millones. Las causas no están claras y son investigadas por Sernageomin y la Fiscalía Regional de O’Higgins. No obstante, voces expertas apuntan a que el sismo fue consecuencia del estallido de roca al interior de la mina.
A partir de estos hechos, las interrogantes han apuntado a qué falló, cuál es el estándar de los protocolos de seguridad y qué eventuales responsabilidades penales podrían perseguirse. La Fiscalía ya ha adelantado que las investigaciones se enmarcan en el eventual cuasidelito de homicidio por negligencias que podrían haber cometido jefaturas respecto de protocolos y elementos de seguridad.
En este contexto resulta particularmente relevante la nueva Ley de Delitos Económicos. Esta normativa, que genera un nuevo marco de responsabilidad penal empresarial y que obliga a las empresas a reforzar sus modelos de prevención interna, aunque no legisla directamente sobre la prevención de riesgos laborales, los incluye como parte estratégica del compliance penal. En este marco, un accidente fatal en una faena minera producto de condiciones inseguras y negligencia del empleador podría hoy, bajo la Ley 21.595, derivar en responsabilidad penal de ejecutivos y multas para la empresa, entre otras sanciones.
De allí, la relevancia de que las investigaciones que se están llevando adelante se desarrollen en forma seria y bien documentada. Tan relevante como la celeridad para dar respuesta a las familias de las victimas, es que las indagatorias sean exhaustivas y bien documentadas respecto de los pasos que tomaron las empresas involucradas para evitar o no el desastre. Y en este contexto, es particularmente importante la investigación experta de Sernageomin, sobre las causas, la evaluación de riegos, y el seguimiento de protocolos, como insumo para el caso penal que lleva adelante la Fiscalía.
Este accidente no solo pone en entredicho la robustez de los protocolos en la minería chilena, sino que también marca un punto de inflexión respecto de aplicación de estándares. En un país donde la minería es pilar económico y símbolo de excelencia técnica, la negligencia -si la hubo- no puede tratarse como una falla operativa más.
