Libre competencia en revisión

El proyecto de ley de libre competencia ingresado en marzo ha levantado controversia. Los cambios normativos propuestos incluyen materias de colusión, multas y control de fusiones, además de otras que otorgan nuevas atribuciones a la Fiscalía Nacional Económica (FNE), admiten demandas colectivas para reclamar indemnización de perjuicios por infracción a la libre competencia y establecen sanciones para quienes entorpezcan las investigaciones.

Las principales discrepancias surgen por la reincorporación de la sanción penal para casos de colusión. Si bien la medida es discutible, parece evidente que de ser aprobada deberá corregirse el procedimiento para evitar que se generen sentencias contradictorias o doble sanción, o que se dificulte la obtención de pruebas en el proceso de investigación. Otra materia criticada es el significativo aumento de multas. Se elimina el tope por monto fijo y se reemplaza por el equivalente al doble del beneficio económico obtenido o, si no fuera cuantificable, por hasta el 30% de las ventas en el período que duró la infracción. La ausencia de un tope máximo no tiene precedente en ninguna parte del mundo, lo que puede derivar en multas desproporcionadas que pongan en riesgo la continuidad del negocio. En materia de fusiones, el proyecto establece un proceso de control preventivo a cargo de la FNE, limitando la revisión del TDLC a las operaciones rechazadas. Ello deja sin posibilidad de reclamo aquellas operaciones aprobadas con condiciones, aun cuando pudieren ser demasiado gravosas.

Estas son solo algunas de las modificaciones que deberán ser perfeccionadas en el Congreso.