Editorial

Pago a 30 días: avanzando en la dirección correcta

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Las economías de mercado contienen complejas y dinámicas relaciones entre empresas de todos los tamaños, que pactan sus relaciones contractuales permitiendo un normal funcionamiento de los pagos a proveedores, sistema financiero e incluso al Estado, entre otros. Sin embargo, los diferentes tamaños de las compañías podrían generar que aquellas más grandes pudiesen imponer su poder de mercado y postergar, por ejemplo, el pago a sus proveedores más pequeños, generando así un capital de trabajo a favor de las primeras y en desmedro de los segundos.

Esta discusión ha estado presente en el debate público por años y, en la primera administración del Presidente Piñera, el Ministerio de Economía creo el sello Propyme, en donde una empresa se sometía a una auditoria externa que certificaba que pagaba a sus proveedores PYME en un plazo máximo de 30 días. Esta iniciativa comenzó a multiplicarse y actualmente existen decenas de empresas que han renovado su sello año tras año.

Los anuncios del ministro de Economía abordan un conflicto que debería haber sido resuelto adecuadamente hace años.

Sin embargo, este sello es voluntario, y para muchos sectores productivos el problema ha seguido pendiente, lo cual dio impulso a la tramitación de la Ley de Pago a 30 días, vigente desde principios de 2019, donde se buscó establecer plazos ciertos, sobre todo para los pagos pendientes del sector público, regular el no cumplimiento de los mismos, y garantizar la aplicación de intereses por mora y el derecho a indemnización.

Es muy relevante el informe del Servicio de Impuestos Internos sobre la factibilidad técnica de otorgar a los contribuyentes el derecho a crédito fiscal del IVA, en el período tributario en que el contribuyente pague el total del monto señalado en la factura, ya que de esta manera se eliminaría una situación en donde el proveedor pequeño deba pagar el IVA respectivo a pesar de que no le han pagado sus servicios, mientras que la empresa grande ya ha utilizado todo el crédito fiscal.

Así, los anuncios del actual ministro de Economía en esta materia son sustancialmente relevantes para avanzar en la dirección correcta en un conflicto que, siendo francos, debería haber sido solucionado adecuadamente hace varios años.

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