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Alto contrasteEl gobierno acaba de anunciar el ingreso a la Cámara de Diputados del primer proyecto de modernización de la Contraloría General de la República: una iniciativa para hacer efectiva la toma de razón electrónica, es decir, el control previo de juridicidad de los actos de la Administración del Estado mediante el cual el organismo examina si los decretos, resoluciones y decretos con fuerza de ley cumplen los requisitos de fondo y forma que exige nuestro ordenamiento jurídico.
Como ha destacado el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, la iniciativa agiliza y promueve el ahorro de tiempo en los trámites que día a día realiza la Contraloría General, lo que incidirá favorablemente en las otras funciones que desarrolla la institución. Ello, porque el proyecto de ley busca reducir drásticamente los tiempos de tramitación actuales, pasando de días a minutos, y disminuir en forma notoria el número de documentos para estudio y tramitación.
Ciertamente, se trata de una iniciativa loable y que se suma a otras acciones emprendidas por el gobierno actual para modernizar más el Estado chileno y acercarlo a las personas, como es el caso de “ChileAtiende”, “Chile Sin Papeleo” y “Chile Gestiona”.
