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Alto contrasteTransparencia en el cálculo de las contribuciones
En apenas un año, los reclamos de familias ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) por lo que consideran un aumento desmedido en el pago de contribuciones por avalúos de bienes raíces aumentó 15%, con más de 48.400 solicitudes de reconsideración. Y en la última década, las quejas subieron más de 182%, en un contexto donde no existe acceso público a los antecedentes con que el organismo calcula las alzas, lo que limita la transparencia y la certeza sobre cómo se ponderan los datos, erosionando con ello la confianza pública y la credibilidad en el sistema.
A diferencia de otros procedimientos de cálculo y cobro de impuestos ampliamente conocidos por la ciudadanía, como la operación renta o el IVA -tributos de autodeterminación-, en donde los propios contribuyentes participan activamente en determinar su carga tributaria y su responsabilidad impositiva, en el impuesto territorial no se establece ningún nivel de participación de las personas. Corresponde exclusivamente al SII determinar los avalúos.
Aunque esta situación es legal y lleva décadas de aplicación, se han elevado las críticas sobre la falta de publicidad de los actos administrativos y de los factores considerados por el SII para sustentar sus decisiones en un tributo que grava uno de los elementos más preciados por la ciudadanía en Chile, como lo son los bienes raíces. Así, en el escenario actual, es prácticamente imposible para los contribuyentes cuestionar los valores determinados por el Servicio.
Esta controversia cobra, además, mayor relevancia a la luz del artículo 8° bis del Código Tributario, que establece como derecho de los contribuyentes conocer “con precisión” las razones fundadas de toda actuación del SII: “Los hechos, el derecho y el razonamiento lógico y jurídico para llegar a una conclusión”, incluso en los casos en que una norma legal no lo disponga expresamente.
A ello se han sumado las críticas de voces especializadas, como el Colegio de Abogados y el Colegio de Contadores, quienes ayer -en una declaración conjunta con otras instituciones- manifestaron su preocupación por el “deterioro de los principios de legalidad y proporcionalidad” en la aplicación de los derechos de los contribuyentes.
En este contexto, resulta de especial relevancia la mesa de trabajo establecida entre la Defensoría del Contribuyente y el SII para dar mayor transparencia y credibilidad al sistema, y cuyos acuerdos debieran conocerse entre esta semana y la próxima.
Un sistema tributario moderno no puede funcionar de espaldas a quienes lo financian. Cuando el cálculo de contribuciones carece de claridad, agilidad y mecanismos efectivos de revisión, se socava la confianza ciudadana en la institucionalidad fiscal. Lo que está en juego no es solo un procedimiento administrativo, sino el derecho de las personas a comprender y, si corresponde, impugnar con fundamentos las decisiones que afectan directamente su patrimonio.
