Editorial

Un acuerdo táctico, no por convicción

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A menos de un mes de celebrarse el plebiscito constitucional de salida -y en un escenario donde las encuestas dan por ganador al Rechazo hace varias semanas y en que se suman voces críticas a la propuesta de la Convención desde cada vez más sectores-, los partidos del oficialismo comunicaron hace unos días su acuerdo para hacer una serie de cambios al texto, en caso de ganar el Apruebo.

Dicho acuerdo surge, a todas luces, bajo la presión de un contexto político adverso a la aprobación de la propuesta actual, y no de la convicción de que ésta admite -o requiere- mejoras sustanciales, como actores del propio oficialismo admitieron el mismo día en que se dio a conocer.

En efecto, los aspectos que aborda el documento -por cierto, muy avalado desde el Gobierno, pese a su obligación de prescindencia- recogen algunos de los puntos que han suscitado polémica en redes sociales y espacios de prensa, pero eluden los temas de fondo donde la propuesta de la Convención muestra falencias, como los equilibrios en el sistema político, la politización de la justicia o la mayor injerencia del Estado en toda suerte de ámbitos, entre otros.

Todo lo anterior permite dudar que el propósito del acuerdo sea, efectivamente, cumplirlo, más aun cuando quienes lo suscriben son partidos políticos, justamente los actores que los ciudadanos habían excluido del proceso constitucional, porque desconfían de ellos.

Cabe destacar, por lo demás, que el contexto nacional en que la Convención elaboró su propuesta -y la ciudadanía la recibió- es muy distinto al actual en dos dimensiones relevantes: el fuerte aumento de la violencia delictual urbana (que se suma a focos previos, como en La Araucanía, donde también recrudecen los ataques), y el severo deterioro de la situación económica del país en el corto y mediano plazo.

Es obvio que el acuerdo de “aprobar para reformar” obedece a ese contexto, pues sus partidarios son conscientes de que el de septiembre será también, inevitablemente, un plebiscito sobre el Gobierno y su gestión. Eso ratifica su carácter táctico, que poco tiene que ver con convicciones sobre las falencias de la nueva Constitución o con compromisos para corregirlas.

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