El Congreso de Perú eligió al parlamentario izquierdista José María Balcázar como nuevo Presidente interino del país, luego de destituir a José Jerí tras apenas cuatro meses en el cargo.
Balcázar, de 83 años y miembro del partido Perú Libre, asumirá la jefatura del Estado hasta el 28 de julio, cuando deberá entregar el mando al ganador o ganadora de las elecciones generales del 12 de abril (o de una eventual segunda vuelta prevista para junio) en medio de un escenario de alta fragmentación política.
El legislador se impuso en la segunda votación del Parlamento con 60 votos frente a los 46 obtenidos por la congresista de Acción Popular y expresidenta del Congreso, Maricarmen Alva. Ambos habían pasado a segunda vuelta luego de que ningún candidato alcanzara mayoría en la primera ronda, cuyos resultados fueron: José María Balcázar (46), Maricarmen Alva (43), Héctor Acuña (13 votos) y Edgar Reymundo (7).
Balcázar no estaba entre los congresistas que votaron a favor de mantener a Jerí en el cargo y cuando se confirmó su candidatura, planteó la necesidad de un cambio que garantice elecciones limpias.
Con su designación, Perú suma su octavo gobernante en menos de diez años. El último mandatario que completó su período constitucional fue Ollanta Humala en 2016. Desde entonces, el país atraviesa una sucesión de renuncias, destituciones y crisis políticas que han debilitado la estabilidad institucional.
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Trayectoria y controversias
Balcázar es abogado y doctor en Derecho y Ciencia Política, desarrolló una extensa carrera académica y judicial antes de ingresar a la política.
Fue elegido congresista en 2021 por la región de Lambayeque en representación de Perú Libre, partido con el que Pedro Castillo ganó las elecciones de ese año. En el Parlamento encabezó la comisión especial encargada de seleccionar magistrados para el Tribunal Constitucional y participó en instancias vinculadas a justicia y educación.
Su trayectoria, sin embargo, ha estado acompañada de cuestionamientos. Actualmente es investigado por la fiscalía por presunto tráfico de influencias y denuncias relacionadas con su gestión como decano del Colegio de Abogados de Lambayeque. En 2024 fue expulsado de esa orden profesional por presunta malversación de fondos. En 2025, el Ministerio Público presentó además una demanda constitucional en su contra por supuestamente negociar favores a cambio de votos en el Congreso.
También recibió críticas por declaraciones realizadas durante el debate sobre la ley que prohíbe el matrimonio infantil. En ese contexto expresó su respaldo a esa práctica y afirmó que las “relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer”, dichos que generaron rechazo del Ministerio de la Mujer y de organizaciones de derechos humanos.
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