La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó los recursos de protección presentados por familias damnificadas por el megaincendio de 2024, la entidad patrocinante Social Arquitectura y la constructora San Sebastián, acciones legales que buscaban revertir la paralización de las obras de reconstrucción en el sector de El Olivar, en Viña del Mar.
Tras meses de tramitación, el tribunal dictó su resolución el 17 de septiembre, desestimando la existencia de una vulneración legal evidente por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), al argumentar que la controversia se basa en discrepancias de ingeniería que exceden los alcances de una acción cautelar.
Origen de la paralización
La controversia judicial tiene su inicio en mayo, cuando el Ejecutivo paralizó los trabajos y dio inicio a la demolición de 56 casas que presentaban fallas de riesgo estructural. La drástica medida, aplicada sobre un universo de 170 inmuebles bajo observación, generó indignación entre los beneficiarios, dado que algunas viviendas registraban hasta 80% de avance.
Pese a que los vecinos argumentaron que existían pruebas para reparar los inmuebles sin demolerlos, las nuevas proyecciones del Minvu apuntaron a que las obras debían extenderse por 15 meses más.
Apelación en la Corte Suprema
El revés en primera instancia no detendrá la disputa legal, ya que las partes recurrentes confirmaron que elevarán los antecedentes ante la Corte Suprema. El abogado representante de las familias afectadas, Juan Andrés Pavez, cuestionó la decisión asegurando que les asiste el "profundo convencimiento de que existen graves vulneraciones de derechos constitucionales".
En la misma línea, la abogada de Social Arquitectura, Érika Maira, criticó que la Corte abordara el caso desde una arista distinta, desplazando la discusión hacia los defectos de construcción y no hacia el punto central del recurso original.
Desde las bases vecinales, el dirigente del comité de viviendas del Olivar, René Flores, hizo un llamado a que el litigio no siga entrabando el proceso habitacional, instando a acelerar los trabajos para que las familias puedan recuperar sus hogares antes de que se cumplan tres años de la catástrofe.
Respaldo técnico del Minvu
Por su parte, el Gobierno defendió la paralización y las demoliciones como una medida estricta de seguridad. El seremi de vivienda de Valparaíso, Marcelo Ruiz, confirmó que el ministerio mantendrá su postura ante la Corte Suprema, respaldándose en informes de la Dirección Técnica del Minvu y del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales (Idiem) de la Universidad de Chile.
Estos peritajes detectaron irregularidades graves, incluyendo el incumplimiento de normas sísmicas y deficiencias en la resistencia al fuego. “Nuestro deber no es proteger contratos, ni empresas, ni intereses. Es proteger a las familias”, enfatizó la autoridad regional tras conocerse el fallo.
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