El Supremo Tribunal Federal ( STF ) formalizó el pasado jueves 19 de febrero la apertura de una causa penal contra el exdiputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) -hijo del exPresidente Jair Bolsonaro- por el presunto delito de coacción a la Justicia. Bolsonaro fue declarado culpable en noviembre de 2025, por decisión unánime de la Primera Sala del Tribunal.
Según la denuncia presentada por la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo presuntamente orquestó acciones contra las autoridades judiciales brasileñas para interferir en la condena de su padre, en el juicio por intento de golpe de Estado.
El excongresista presuntamente actuó junto al empresario e influencer Paulo Figueiredo en Estados Unidos, donde ambos se mudaron a principios de 2025.
En julio, por ejemplo, el ministro Alexandre de Moraes fue sancionado bajo la Ley Magnitsky , que prevé sanciones económicas. A otros ministros se les revocaron las visas estadounidenses. Las sanciones contra Moraes y su esposa se levantaron en diciembre.
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Próximos pasos
A continuación, comienza la fase de recolección de pruebas, con la audiencia de los testigos de cargo y de defensa, la realización de los peritajes y el interrogatorio de los acusados.
Finalmente, los involucrados deben presentar sus alegatos finales, el relator del caso analiza el acervo probatorio, prepara su informe y voto, y remite el caso al panel para que decida si condena o no al acusado.
Eduardo está representado por la Defensoría Pública Federal (DPU), según lo determinado por el relator, el ministro Alexandre de Moraes. Al presentar la defensa, la agencia declaró no haber podido contactar al excongresista.
Reside en Estados Unidos, desde donde ha concedido entrevistas a medios de comunicación brasileños e internacionales, además de realizar declaraciones en redes sociales.
El excongresista tiene prohibido comunicarse con su padre, quien también está siendo investigado en el caso por coacción. Sin embargo, la Fiscalía General de la República no ha imputado al exPresidente, quien cumple una condena de 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado y se encuentra recluido en "Papudinha", dentro del Complejo Penitenciario de Papuda en Brasilia.
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