El Senado convirtió en ley el proyecto que limita la propiedad extranjera de la tierra, impulsado por el gobierno y reclamado insistentemente por la presidenta Cristina Fernández, en la última sesión del año que completa el período de Extraordinarias convocadas por la jefa del Estado.
Con 62 votos a favor y sólo uno negativo, en la votación “en general”, tras la segunda jornada de la sesión especial del Cuerpo y con nueve horas de debate, el proyecto fue convertido en ley luego de ser aprobado también “en particular”.
El oficialismo, con el asesoramiento de técnicos del Poder Ejecutivo, introdujo cambios al proyecto original: bajó de 20% a 15% el límite a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional respecto de personas de nacionalidad extranjera.
El porcentual se computará también sobre el territorio de la provincia, municipio o “entidad administrativa equivalente en que esté situado el inmueble rural”, dice el texto de la ley.
Por otra parte, se dispone que las tierras rurales, cuyo significado se amplió al definirse como a todas aquellas que están fuera del tejido urbano de un mismo titular extranjero, no podrán superar las mil hectáreas “o superficie equivalente” según la ubicación territorial, a determinar por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales.
En cuanto a quiénes quedan exceptuados de las limitaciones, el dictamen estableció que son los extranjeros que cuenten con 10 años de residencia continua, permanente y comprobada. También los que tengan hijos argentinos y demuestren una residencia permanente de cinco años, o los que estén casados con ciudadanos argentinos con residencia acreditada.
Las reacciones
La presidenta de la comisión de Agricultura, la kirchnerista Graciela de la Rosa, fue la encargada de argumentar en favor del proyecto oficialista. Justificó su elaboración en que “el recurso Tierra es un recurso estratégico no renovable” y apuntó que en el mundo en la actualidad hay una “oferta restringida de tierra para la producción de alimentos”, por lo que consideró fundamental preservar la tenencia en manos nacionales.
Respecto de la iniciativa, afirmó que es “un proyecto muy simple, que restringe de una manera coherente y simple el dominio extranjero de las tierras rurales” y que “establece 15% como límite para la titularidad de dominio extranjero”. También reseñó que, según la norma, de ese 15% del territorio permitido, “en ningún caso puede superar 30% en manos de personas físicas y jurídicas de una misma nacionalidad”.
De la Rosa remarcó que la tercera restricción de la ley dispone que el total de las tierras rurales que pueden estar en manos de un mismo titular extranjero “no podrá superar las mil hectáreas”, de la zona núcleo que componen norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe y sur de Córdoba, “o su equivalente”.
El socialista Rubén Giustiniani sostuvo, por su parte, que la ley “es un paso adelante”, pero advirtió que la norma “debe completarse con una ley integral de uso y tenencia de la tierra que limite la concentración, garantice la protección de los recursos naturales y el desarrollo económico”.
El santafesino anti-K Carlos Reutemann rompió su largo silencio parlamentario al sostener que el avance tecnológico implica un incremento de la producción agropecuaria y que eso “hace ver que cada vez más hará falta el suelo”, al que calificó como “un bien estratégico”, pero dijo que el proyecto debe ser considerado “un gran avance”.
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