En 2017, el expresidente Ricardo Lagos dijo “la tarea número uno de Chile es crecer, todo lo demás es música”. Pasa que cada punto adicional de crecimiento son miles de personas que encuentran empleo, millones de dólares de recaudación adicional del Estado para gasto social, mejora de los salarios y muchos otros efectos positivos.
La pregunta entonces es ¿cómo avanzamos en esa tarea? El ruido de la política dificulta dar respuesta a esa interrogante. Aquel que como opositor era crítico, en su rol oficialista se vuelve autocomplaciente, y viceversa. Vuelan los datos de lado y lado en una guerra de quién aporta un antecedente que se adapte mejor a su relato.
Si hace poco el Presidente celebraba el alto Imacec de diciembre -que aumentó 6,6% en comparación al mismo mes de 2023- otros responden que el crecimiento promedio en su Gobierno es el más bajo desde el retorno a la democracia. Si se festeja la caída del desempleo del último trimestre, hay quienes puntualizamos que la tasa de desempleo promedio del 2024 de poco más de 8% es la más alta de los últimos 15 años. Por último, mientras que el Ministro de Economía celebra la alta inversión extranjera directa, otros aclaran que la formación bruta de capital fijo (FBKF), verdadero termómetro de la capacidad productiva de largo plazo del país, se encuentra estancada hace muchos años, y no ha logrado repuntar en este Gobierno, con caídas de 1,1% y 1,3% entre 2023 y 2024, respectivamente.
Sobre esto último conviene detenerse, porque está muy conectado al crecimiento económico. La FBKF , aquella que se traduce en la generación de activos nuevos que contribuyen a que nuestra economía sea capaz de producir más y mejores bienes y servicios, fue durante los tiempos de bonanza en Chile el principal motor del crecimiento económico, al punto que desde la vuelta a la democracia hasta el año 2013 no hizo más que crecer. Hoy está estancada, de hecho, todavía seguimos en niveles similares a los de 2013 cuando dejó de crecer.
Pero esto no es todo. De esta baja inversión existente, la que crece es aquella asociada a la adquisición de “maquinaria y equipamiento”, y se estanca la asociada a la “construcción y obras”. ¿Cómo interpretar esto? Una posible lectura es que la inversión se concentra cada vez más en mejorar la productividad de las actividades existentes, y cada vez menos en la creación de nuevos proyectos.
¿Qué podría estar detrás de esta dinámica? Como suele ser el caso, no hay una única razón que explique todo. Sin embargo, sí hay una que tiene cada vez más protagonismo en el debate público y que explicaría el comportamiento dispar de la inversión en Chile, más asociada a mejorar la productividad de lo que ya hay, y no a crear cosas nuevas: los permisos. Pareciera que donde más aprieta el zapato es en la creciente incapacidad de nuestro país para generar las condiciones que permitan construir proyectos de gran escala.
Algunos dirán que esta es información conocida desde hace tiempo, que la permisología es el gran tema del país y que hay proyectos de ley que se hacen cargo. Lo que pasa es que dependiendo de la crudeza del diagnóstico suele variar el tipo de receta. Y dado que la evaluación de los proponentes es autocomplaciente, las soluciones planteadas se quedan (muy) cortas. Bajo esta mirada desde Pivotes somos escépticos de que los proyectos de ley que hoy se discuten puedan reactivar la inversión. El proyecto que modifica el sistema de permisos ambientales, por lejos el más relevante en esta materia, contribuye en los márgenes, y como tal puede ser valorado por algunos usuarios actuales del sistema, pero no traerá los cambios que requieren esas inversiones que no están llegando.
La iniciativa legal modifica el régimen de impugnación de proyectos, para lo cual elimina el Comité de Ministros y corrige las reglas procesales para judicializar una inversión a través de un único recurso. También aumenta el número de proyectos que se podrán acoger a una tramitación de urgencia y, por lo tanto, reducir su plazo legal de tramitación, entre otros cambios. Estas modificaciones, ¿mejoran lo que tenemos? Sin duda. Sin embargo, no evitarán casos como el vivido por el proyecto Dominga, donde la incertidumbre respecto a aspectos centrales se mantienen luego de años de evaluación ambiental, en un ir y venir de recursos judiciales y administrativos. Tampoco impedirán que las decenas de servicios públicos que participan del proceso de evaluación puedan llenar al titular de solicitudes de información excesivas y, muchas veces, irracionales. Son esas las cosas que disuaden la construcción de grandes proyectos en la velocidad y escala que necesitamos.
¿Qué reformas sí podrían mover la aguja? Certezas en etapas iniciales del proceso de evaluación ambiental, al menos para la tramitación de grandes obras de inversión. Estabilidad regulatoria respecto de los aspectos centrales de un proyecto a gran escala: la tributación y el estatuto aplicable para el uso de recursos naturales y bienes públicos. Finalmente, un proceso de evaluación de políticas públicas incidente y serio, que nos permita rebelarnos contra los casi 500 permisos existentes, manteniendo únicamente los que sean necesarios, en lugar de generar toda una orgánica para recortarle días a esta burocracia kafkiana.
Estos son ejemplos de reformas que sí apuntan al problema de fondo, la incapacidad de atraer inversión productiva, de modo que podamos crecer más, generar más bienes y servicios, tener más competencia, generar más empleo. La alternativa actual puede dejar contentos a algunos gremios, pero no va a cambiar lo que se ha transformado de un tiempo a esta parte en la semilla de la decadencia del que otrora fuera el “jaguar de Latinoamérica”, y por cierto, no va a permitir que de una buena vez empecemos a ver esos anhelados “brotes verdes”.
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