Falabella lideró el Tercer Diagnóstico sobre Empresa y Derechos Humanos que elabora el Programa de Sostenibilidad Corporativa de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La empresa obtuvo 21,5 puntos, de un máximo posible de 24, y se ubicó en lo más alto de la tabla por segundo año consecutivo. El estudio -que será presentado el viernes 10 de enero, a las 9.00 horas en la Casa Central de la Universidad Católica-, busca entregar una mirada general de la evolución de la implementación del marco de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas en las compañías que componen en el índice bursátil IPSA y en las principales empresas estatales de Chile.
“Por primera vez en estos tres años, se nota un avance sostenido en todos los criterios evaluados, lo que revela un alto nivel de madurez de las empresas en su implementación de los estándares de empresa y derechos humanos. En efecto, las empresas IPSA incrementaron su cumplimiento general en 7 puntos porcentuales respecto del año anterior, lo que las sitúa en un buen estándar comparado con sus pares internacionales”, comentó a DF el director del Programa de Sostenibilidad Corporativa UC, Juan Eduardo Ibáñez.
Por segundo año consecutivo se evaluaron empresas públicas. Se seleccionaron 15 de un total de 32, considerando las que tuvieron mayores ingresos ordinarios anuales reportados en 2023. En esta versión se incluyó al BancoEstado y se excluyó a la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA).
La novedad de 2024 es que se introdujo además una evaluación del sector vitivinícola chileno. Para ello, se seleccionó como muestra a las empresas asociadas a Vinos de Chile.
La investigación se basó en información pública disponible de las empresas, principalmente las memorias anuales, y las midió de acuerdo a 12 indicadores agrupados en tres pilares: “compromisos y gobernanza”, “sistemas de identificación y gestión de riesgos en DDHH (debida diligencia)” y “mecanismos de reclamación y reparación”.
Avances en debida diligencia
El pilar de “compromisos y gobernanza”, que se refiere a la política de DDHH y al involucramiento del directorio y alta administración, mostró el mayor nivel de cumplimiento, alcanzando un 56%. “Esto se atribuye a que más empresas han mejorado sus políticas en concordancia con la adhesión a los estándares internacionales, incorporado una mirada global, preventiva y proactiva en temas de resguardo de derechos humanos de sus grupos de interés”, detalló Ibáñez.
Por otro lado, los principales avances de 2024 se registraron en el segundo pilar, de “sistemas de identificación y gestión de riesgos vinculados a DDHH”. En este sentido, “a pesar de los desafíos inherentes a implementar el estándar -como la participación significativa de los grupos de interés, la integración de los hallazgos para cerrar brechas, la elaboración de reportes y la devolución de información según los estándares de la OCDE-, un número creciente de empresas está adoptando la debida diligencia como un mecanismo clave para identificar riesgos” tanto internos como de sus grupos de interés, dijo el director del programa.
En el tercer pilar de “mecanismos de reclamación y remediación”, se observaron avances por la implementación de medidas para fortalecer la confianza en estos canales, como su tercerización a instituciones externas, el robustecimiento de los procedimientos de investigación o la implementación de mecanismos que permiten una conexión directa con el directorio.
En promedio, las empresas del IPSA lograron un cumplimiento de 46% en los indicadores.
Los líderes
Las empresas que obtuvieron mejores resultados según la metodología aplicada son: Falabella, con un 90% de cumplimiento del marco; Aguas Andinas, con un 77%; Enel Américas, también con un 77%; SMU, con un 73%; Plaza, con un 67%; y Colbún, con un 67%.
Asimismo, las empresas que registraron los mayores incrementos respecto al año anterior fueron: Metro, con un alza de 30%; Aguas Metropolitanas, con un 29%; Empresas Copec, con un 25%; SQM, con un 21%; y Codelco, también con un 21%.
“Es posible identificar una tendencia general de las empresas evaluadas de pasar del compromiso político –marcado por la comprensión del marco y las consecuentes declaraciones de respeto de derechos humanos desde la alta administración– a una fase de implementación, centrada en la adopción de mecanismos de identificación de impactos con cierta participación de grupos de interés”, destacó Ibáñez.
Asimismo, dijo que se observa una mayor profundidad en el análisis de entorno y en la participación significativa para comprender de qué forma los fenómenos ambientales, sociales y económicos pueden afectar a la empresa, y de la empresa hacia afuera.
Otro punto importante es el contraste entre las empresas públicas y sus pares privadas, ya que los resultados promedio de las primeras indican que “la implementación del estándar se encuentra aún en una etapa incipiente, a pesar de los compromisos de Estado asumidos a nivel internacional por los diversos gobiernos desde 2011 a la fecha”.
Y si bien el promedio de las empresas públicas es bastante más bajo que el de sus pares, hay liderazgos destacados, como Codelco (65% de cumplimiento), Metro (63%) y Enap (50%), que alcanzan niveles de cumplimiento superiores al promedio obtenido por las firmas del IPSA.
Sin embargo, también hay entidades que muestran niveles de cumplimiento considerablemente bajos, llegando incluso a no reportar puntaje alguno.
Respecto de la experiencia internacional, si se mira el desempeño de las compañías chilenas frente a sus pares de Estados Unidos o Europa, Ibáñez planteó que hay mucho por avanzar en términos de una mayor consideración por los grupos de interés, entendiendo que donde consumidores, clientes, proveedores y trabajadores son un área crítica para la estrategia y desarrollo del negocio.
“Ello también supone un sistema de gobernanza más integrado, con flujos de información que se mueven entre las distintas gerencias enfocado en identificar y gestionar impactos y oportunidades”, acotó.
Los desafíos
Pese a los avances que se observan en esta tercera versión, aún persisten desafíos, principalmente en tres áreas. Lo primero, afirmó Ibáñez, es mejorar los mecanismos de levantamiento de información de la debida diligencia, “los cuales deben considerar el involucramiento directo de los grupos de interés que son parte o se relacionan con la empresa”, apuntó.
Un segundo desafío es la adecuada integración de los hallazgos de la debida diligencia en los sistemas de gobernanza y operaciones de la empresa, “de manera de cerrar las brechas en sus operaciones cotidianas con sistemas coordinados, incidentes y dinámicos”.
Por último, falta avanzar en el desarrollo de mecanismos de reclamación y reparación que cumplan con los estándares desarrollados en los Principios Rectores. “Si hay un daño, la empresa debe tener mecanismos para reparar, sin esperar un largo y costoso proceso judicial, que produce excesivas tensiones con los grupos de interés, especialmente comunidades con poco acceso a la justicia y que, además, da espacio a dilaciones y oportunismos”.
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