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Alto contrasteUn mercado laboral estancado
empleoLa tasa de desocupación registró su segunda alza consecutiva en 12 meses, al situarse en 8,9% en el trimestre marzo-mayo, acumulando con ello dos años y medio sin descender del umbral del 8%. Esta persistencia, lejos de ser una simple fluctuación cíclica, refleja un deterioro estructural del mercado laboral. El caso de las mujeres es particularmente alarmante, pues su tasa de desempleo superó los dos dígitos, con 10,1%, la más alta desde mayo de 2021, en plena pandemia, a lo que se sumó un incremento en la duración promedio del desempleo de largo plazo que llegó 7,6 meses. Casi uno de cada cinco desempleados ha pasado más de un año buscando trabajo, una señal clara de desanclaje laboral, riesgosas pérdidas de habilidades y una vulnerabilidad social creciente.
Este cuadro coincide con un ciclo de reformas que, si bien inspiradas en buenas intenciones, han tenido consecuencias regresivas. La reducción de la jornada laboral a 40 horas, el aumento del salario mínimo y la reforma previsional han incrementado los costos laborales de manera significativa. El índice de estos últimos ha crecido 28% nominal desde 2022, todo lo cual ha ocurrido sin políticas efectivas de fomento al empleo o incentivos a la contratación formal.
Una de las principales impulsoras de esta agenda fue la militante comunista y exministra del Trabajo, Jeannette Jara, hoy candidata presidencial del oficialismo, durante cuya tramitación se desestimaron advertencias técnicas respecto a sus efectos en la empleabilidad. El aumento sostenido del desempleo y la parálisis de la tasa de ocupación, que sigue sin recuperarse al nivel prepandemia, han ocurrido durante el último bienio.
Hoy, su programa insiste en medidas que profundizarían estos problemas. La propuesta de llevar el salario mínimo a $ 750.000 agravaría la exclusión de los trabajadores menos calificados y las microempresas, especialmente en un contexto de baja productividad y un PIB tendencial estancado en torno al 2%. El apoyo explícito a la negociación colectiva ramal expone, además, a las PYME al riesgo de quedar sujetas a condiciones de presión, sin considerar la heterogeneidad del tejido productivo chileno.
Hasta ahora, el debate presidencial de todas las campañas ha girado en torno a otras urgencias, sin que el empleo se haya instalado con fuerza y preponderancia como eje central. En un país con casi un millón de personas sin trabajo formal, esa omisión resulta difícil de justificar.
Chile necesita urgentemente una agenda laboral que enfrente los desafíos del siglo XXI: dinamizar la formalización, fomentar la capacitación en sectores de baja empleabilidad, y reducir la carga tributaria al empleo. Persistir en una agenda de encarecimiento del trabajo sin crear las condiciones para absorber ese mayor costo no solo es económicamente ineficiente, sino éticamente insostenible. La política laboral debe dejar de ser rehén del voluntarismo ideológico y convertirse en un motor de crecimiento con inclusión real.
