Una antigua legislación que databa de 1982
- Fue en 2014 cuando se dictó la nueva Ley de Insolvencia y Reemprendimiento. Ingresada como proyecto al Congreso Nacional en agosto de 2012, la normativa -que llegó a cambiar una legislación que estaba vigente desde 1982- busca ofrecer procedimientos más adecuados para los deudores según las necesidades, tanto en el caso de las empresas como para personas naturales.
15%
han aumentado las empresas en quiebra en lo que va de 2023.
Plazos eternos
Antes de la nueva ley, el proceso de quiebra en el país duraba en promedio 3,2 años, costaba 14,5% del patrimonio y tenía una tasa de recuperación de 30%, cifras que contrastaban de forma significativa con el promedio de los países desarrollados, que era de 1,9 años, 8,8% y 70%, respectivamente. Con la nueva normativa, se acotaron los plazos para los procedimientos de liquidación de empresas y personas, a un máximo de 12 meses para el primero y de ocho meses para el segundo caso.
Mayores sanciones
En agosto de este año, se introdujeron modificaciones a la ley, con el objeto de simplificar y acelerar la tramitación para que las micro y pequeñas empresas con problemas de sobreendeudamiento puedan reemprender. Además, en el caso de que el deudor sea declarado de mala fe, se establecen mayores sanciones.
Volver a emprender
- La ley incorporó herramientas que permiten al deudor anticipar su situación de crisis, hacer uso de diversos procedimientos para enfrentar su problema y abrir posibilidades de recuperación, permitiéndole volver a empezar en plazos más breves. La normativa contiene procedimientos para las empresas (reorganización y liquidación) y para las personas (renegociación y liquidación de bienes), sean micro, pequeños, medianos o grandes, personas jurídicas o naturales.
Empresas en liquidación al alza
Entre enero y julio de este año, 705 empresas han solicitado su liquidación, según datos de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Esto es un alza de 15% respecto de igual lapso del año anterior. Uno de los rubros que se ha visto más afectado tras la pandemia es el constructor. Se estima que más de 200 empresas de este sector -algunas de gran tamaño como la firma Claro Vicuña Valenzuela- han quebrado y otras han logrado completar un proceso de reorganización judicial.
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