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Alto contrasteEn las últimas semanas, y a medida que se acerca el plazo de entrada en vigencia de los cambios que contempló el proyecto de ley de reforma laboral aprobado, en el sector privado ha ido creciendo la expectativa en torno a una serie de disposiciones que requieren de referencias y precisiones regulatorias por parte de autoridades administrativas, como la Dirección del Trabajo.
En efecto, como se recordará, la discusión y aprobación de la citada reforma fue un proceso complejo y salpicado de diferencias (tanto a nivel de visión general de la reforma como de interpretación de varios de sus artículos), las cuales incluso terminaron con una sentencia del Tribunal Constitucional a mediados de este año.
Hoy, y cuando se atisba en el horizonte la entrada en vigencia en abril próximo de la citada reforma, el nivel de dudas sigue siendo alto, y de hecho varias entidades internacionales han incluido este marco legal dentro de los focos de riesgo y factores de incertidumbre con miras a 2017. Una cuestión que además cobra más cuerpo, cuando las propias autoridades de Trabajo no descartan la necesidad de realizar nuevos ajustes legales de modo de viabilizar una implementación menos compleja y trabada de la ley.
Se trata de un tema de suyo relevante para 2017, sobre todo en una economía en donde los agentes económicos aún no logran dejar atrás las dudas y golpes que en los últimos años ha recibido su estado de ánimo. Un escenario de judicialización y que apueste a generar marcos de referencia por la vía de la jurisprudencia emanada tras la sanción de conflictos, puede ser un expediente de alto riesgo que hipoteque el futuro de la economía.
