Hace algunas semanas, la Municipalidad de Vitacura informaba que su concejo había aprobado adjudicar la nueva concesión de BordeRío, el centro gastronómico y cultural emplazado en el Parque del Río Mapocho. Y la semana pasada, la decisión se formalizó: el contrato fue entregado al Consorcio Parque Río, ligado a Nicolás Álamo y Jorge Muñoz, por un período de 15 años.
Sin embargo, cuando parecía que el proceso avanzaba sin contratiempos, un nuevo flanco se abrió y amenaza con entrampar el inicio de la concesión. La empresa que quedó en segundo lugar -Minera y Constructora Río Grande, firma familiar del Biobío fundada por Juan Andrés del Río- decidió escalar el caso e impugnar el proceso ante el Tribunal de Contratación Pública.
Tras conocerse a los nuevos administradores, la compañía había presentado inicialmente un recurso de reclamación ante el propio municipio, el que fue rechazado. Pero lejos de dar por cerrado el episodio, la firma optó por seguir adelante. Así, el pasado martes ingresó formalmente un reclamo ante el tribunal especializado, acusando un “mal criterio” de la municipalidad.
La Municipalidad de Vitacura indicó que “se ejercerán oportunamente todas las acciones y defensas que correspondan, acreditando que el proceso de licitación se ha ajustado íntegramente a la normativa legal vigente”.
Los ejes del reclamo
Según explicó el gerente de proyectos de la compañía, Nicolás del Río, el reclamo se estructura en tres ejes principales. El primero apunta a una presunta omisión de información en una declaración jurada presentada por el Consorcio Parque Río.
En concreto, el ejecutivo sostuvo que una de las sociedades que integra el consorcio fue presentada como si tuviera un solo socio, cuando estaría compuesta por dos.
“No es legal presentar una declaración jurada que no es correcta o que omite información. Las bases administrativas son claras, y en esos casos la oferta debe descartarse de plano”, afirmó del Río.
El segundo punto cuestiona la evaluación de la experiencia de la empresa ya que, en las licitaciones públicas, este ítem es uno de los factores relevantes en la ponderación final. Según del Río, el municipio asignó un bajo puntaje a Río Grande al considerar que no contaba con experiencia suficiente en concesiones de este tipo, aún cuando “sí la tenemos”.
El tercer eje se relaciona con la evaluación de la oferta técnica, particularmente del anteproyecto presentado. En este ítem, la firma obtuvo apenas tres puntos de un total de 15. “Nos alineamos estrictamente con lo que solicitó la municipalidad. Fuimos realistas, propusimos algo que efectivamente se puede ejecutar, y no entendemos el puntaje que se nos asignó”, señaló.
Del Río fue más allá y cuestionó la viabilidad de la propuesta ganadora; indicando que no sabe si “el consorcio que se adjudicó la obra realmente va a ejecutar el anteproyecto que ofreció”.
Con el reclamo ya ingresado, del Río reconoció que el escenario es incierto. Según comentó, estos procesos pueden extenderse por meses, mientras que el traspaso de la concesión está previsto para los primeros días de febrero.
“No sabemos si se va a extender el contrato con la actual concesionaria, Inversiones Santa Mónica, o qué decisión se va a tomar mientras el tribunal se pronuncia”, comentó del Río.
Lo que sí tienen claro, aseguró, es que no se quedarán de brazos cruzados. En caso de que el Tribunal rechace su reclamación, evaluarán solicitar un pronunciamiento de la Contraloría General de la República.
El otro frente
Pero el conflicto no termina ahí. En paralelo, el municipio enfrenta otro cuestionamiento. El emprendedor brasileño Tales Barreto, a través de Zerando O Chile, también intentó participar en la licitación, pero aseguró que en los minutos previos al cierre del proceso el sistema de Mercado Público presentó una falla que le impidió completar correctamente la carga de su oferta.
Tras el cierre, Barreto aseguró haber enviado más de 20 cartas formales a distintos organismos, sin recibir respuesta; acusando “una falta total de respuesta institucional”.
Además, sostuvo que Mercado Público respondió fuera de los plazos establecidos, lo que -a su juicio- “dio la sensación de que se buscaba ganar tiempo”. Pese a contar con evidencias del error del sistema, señaló que no se le otorgó un certificado de indisponibilidad, bajo el argumento de que la oferta sí había sido subida. Sin embargo, esa misma no fue considerada válida.
Barreto también cuestionó otros aspectos del proceso, como la baja concurrencia -solo dos ofertas- y el monto final de adjudicación.
Con estos antecedentes, el empresario indicó que insistirá en reunirse con la alcaldesa Camila Merino para abordar esta situación y que, al mismo tiempo, se encuentra evaluando las vías legales para impugnar el proceso.
El municipio responde
Desde la Municipalidad de Vitacura recalcaron que todavía no han sido notificados, por lo que no tienen conocimiento de la interposición de ninguna reclamación ante el Tribunal de Contratación Pública.
Sin embargo, en caso de que ello ocurra, la institución detalló que “se ejercerán oportunamente todas las acciones y defensas que correspondan, acreditando que el proceso de licitación se ha ajustado íntegramente a la normativa legal vigente”.
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