Cuando el Covid-19 aún se veía lejano en Chile, el dueño de Best Quality Products SpA, Álvaro Castro (50), vio una oportunidad. Dado el desabastecimiento de productos sanitarios que había en China, se consiguió distintos proveedores locales y armó un stock de gran volumen para partir exportando a principios de marzo de 2020. Sin embargo, el tercer día de ese mes, se confirmó el primer caso de coronavirus en nuestro país y Castro decidió cambiar sus planes.
En vez de vender sus productos al exterior, vio la necesidad de hacerlo localmente, convirtiéndose en uno de los primeros chilenos en entrar a este mercado. Jamás pensó que lo que partió siendo un éxito terminaría en tribunales.
A principios de junio pasado la compañía tenía un cliente importante interesado en comprar sus productos: el alcalde de Recoleta Daniel Jadue, quien quería abastecer a las denominadas “Farmacias Populares” presididas por él en la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp).
“La propuesta era tremendamente interesante, en especial porque estaba la posibilidad de ampliar el acuerdo comercial a otros proyectos tales como los futuros “Supermercados Populares”, recuerda el dueño de la compañía.
Atraídos por este nuevo escenario que permitiría a la empresa generar grandes ventas al por mayor y asegurar un crecimiento exponencial, dieron comienzo rápidamente a una relación comercial ambas partes. El empresario le vendió una serie de cajas de mascarillas N95, guantes y termómetros a Achifarp a mediados del año pasado; sin embargo, aún no recibe los pagos comprometidos.
En marzo de este año, Álvaro Castro presentó una querella, patrocinada por el estudio Lagos y Asociados, por estafa en contra de Daniel Jadue, en su calidad de presidente del directorio de la Achifarp. Ello, porque a la fecha, se le adeuda un total de $ 961.667.273.
De acuerdo a la acción penal, solo le han cancelado la suma de $ 190.555.660, lo que provocó que su empresa, Best Quality Products SpA, importadora de productos e insumos sanitarios de China, estuviera al borde de la quiebra.
Ahora, la investigación penal está a cargo de la fiscal metropolitana centro norte, Giovanna Herrera, quien ya encargó las primeras diligencias para el esclarecimiento de los hechos. Mientras no se solucione el tema legal Álvaro Castro, apesadumbrado, explica que hoy él también le debe al proveedor y al sistema.
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