En noviembre del año pasado, la minera Ojos del Salado, filial de Lundin Mining, presentó un plan de cumplimiento para mitigar los efectos que provocó un misterioso socavón de 60 metros de profundidad que apareció al interior de sus instalaciones en Tierra Amarilla en julio del 2022, y cuya noticia dio la vuelta al mundo.
Sin embargo, aunque se había logrado hacer obras de ingeniería para frenar el filtrado de agua, y se estaba terminando el estudio técnico para rellenar el socavón, la decisión del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de demandar a la empresa y que consiguió una medida cautelar para cerrar y frenar toda faena en el lugar, sumado a la demora en permisos administrativos para realizar los trabajos de mitigación que habían presentado a la comunidad el año pasado, llevó a que la minera de cobre decidiera “suspender” sus trabajos y evaluar qué viene hacia adelante.
La decisión la tomaron, dijeron en un comunicado, porque el proceso legal y de permisología puede tardar años, antes de que puedan tapar el socavón.
Una de las alternativas que se estaban evaluando era extraer el 1,5 millones de metros cubicos de agua que hay al interior del forado y entregarla a mineras que hay en la zona, las cuales dejarían de ocupar cantidades equivalentes de agua del acuífero del Río Copiapó.
Además, desde julio del año pasado que la faena minera cercana al socavón, Alcaparrosa, estaba detenida y se ha mantenido el vínculo laboral con cerca de 300 trabajadores, medida que no se sabe cuánto tiempo más se puede mantener.
En un comunicado, la empresa explicó que “ha hecho un esfuerzo consciente para hacerse cargo de los efectos derivados del socavón. Para ello ha ejecutado durante estos últimos 11 meses diversos proyectos que abarcan materias ambientales, económicas, operacionales y sociales”.
En ese contexto, la compañía ha desarrollado “una serie de actividades, tales como la construcción de muros que ayudaron exitosamente a contener el agua que afloraba en el yacimiento; ha desarrollado los estudios necesarios para rellenar el socavón y tratar el agua existente aún en la mina; ha monitoreado y estudiado el área del incidente, lo que ha permitido adoptar decisiones para proteger adecuadamente a las personas y a la instalación minera; ha reportado en forma constante a la autoridad los resultados de dichos estudios; ha solicitado los permisos necesarios para hacerse cargo del agua infiltrada hacia el interior de la mina y ha mantenido los servicios asociados a la faena Alcaparrosa y, en consecuencia, sus fuentes laborales”.
“Algunos de estos esfuerzos, sin embargo, conllevan la necesidad de contar con una serie de permisos ambientales que, por su propia naturaleza y tiempos asociados, hacen inviable la ejecución de diversos proyectos en el corto plazo. Esta realidad, sumada a la medida cautelar solicitada por el Consejo de Defensa del Estado y otorgada por la justicia ambiental, son acciones que cambian en forma significativa los plazos asociados al cumplimiento de los proyectos relacionados al socavón y, en consecuencia, el término de la gran mayoría de los servicios asociados a dicha faena es una realidad inevitable ante el escenario permisológico y judicial que enfrenta la Compañía”.
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