La "tormenta perfecta" que enfrentan los estudios de abogados en Chile
En el último año el mercado legal chileno ha vivido una ola de fusiones, divisiones y salidas de socios fundadores. Detrás de ese movimiento hay una tesis que comparten distintos abogados: los estudios grandes y las boutiques especializadas capturan cada vez más negocio, mientras el segmento mediano queda atrapado sin muchas opciones de crecer.
Por: Mateo Navas
Publicado: Sábado 22 de agosto de 2026 a las 21:00 hrs.
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El 1 de mayo de 2024, dos gigantes legales que llevaban casi un siglo compitiendo se fusionaron. Allen & Overy, fundada en Londres en 1930, y Shearman & Sterling, nacida en Nueva York en 1873, pasaron a llamarse A&O Shearman. Producto de la operación, quedaron con cerca de 4.000 abogados repartidos en 28 países y unos US$ 3.500 millones de facturación anual. Es, hasta ahora, la fusión más grande de la que se tiene registro entre estudios de abogados.
En otra escala y con varios otros matices, propios de la industria local, algo parecido está pasando en Chile. Rafael Mery, abogado y socio de la consultora Mirada 360, lleva años siguiéndole la pista al negocio legal chileno. Su lectura es que el sector “está siendo reconfigurado por algunas fuerzas estructurales que estarían generando una tormenta perfecta”. Y menciona tres.
La primera es la masificación de la profesión, que generó “un mercado saturado, donde hay más oferta que demanda”. La segunda son gerencias legales cada vez más grandes y atractivas para abogados consolidados. Y la tercera es la inteligencia artificial. “Todavía no la estamos viendo con tanta intensidad, pero efectivamente va a generar un cambio”, adelanta.
El reordenamiento del mercado legal chileno lleva más de una década. A principios de siglo la industria empezó a crecer gracias al viento de cola de la economía. Cada vez había más empresas, más proyectos, más regulaciones y, también, más litigios, investigaciones, arbitrajes. Era pura bencina para los bufetes legales.
Y así, con el tiempo, el mercado chileno se volvió atractivo para las firmas internacionales, pero también para los propios estudiantes universitarios, que veían en Derecho una carrera con salida laboral asegurada y buenas expectativas de renta: si en 2000 se titulaban cerca de mil abogados al año en Chile, la cifra superó los 2.000 desde 2009.
De esa forma se empezó a fraguar una etapa de transición: en 2012, Philippi se integró con la colombiana Prietocarrizosa y con la española Uría Menéndez, creando PPU. En 2016 la gigante DLA Piper aterrizó en Santiago mediante un acuerdo con BAZ, y Garrigues hizo lo suyo con Avendaño Merino. Por esos mismos años entró CMS de la mano con Carey & Allende.
Después llegó Dentons, la firma con más abogados del mundo, que se combinó con el estudio local Larraín Rencoret Urzúa. Los últimos arribos relevantes fueron los de Cuatrecasas, que en 2020 se instaló con oficina propia, y Clyde & Co, que se asoció con Grasty Quintana Majlis.
Pero mientras los estudios extranjeros llegaban, los bufetes chilenos se empezaron a dividir. Jorge Bofill se separó de Bofill Mir & Álvarez Jana en 2013 para armar una alianza con el tributarista Ricardo Escobar (ésta, luego, se disolvió en 2025). Y en 2022, la misma BMAJ -que tenía cerca de 80 abogados- se partió en tres estudios distintos.
El resto de los cambios se ha concentrado en los últimos 12 meses. En abril de este año, Garrigues anunció que absorbía a Barros, Silva, Varela & Vigil. Luego, en Morales & Besa, salieron los propios fundadores -Guillermo Morales y Eugenio Besa- para crear MBE Abogados.
HD Group, en tanto, se dividió después de 12 años, y tres abogados que salieron de DLA Piper terminaron armando equipo en O’SP Legal. Y para más remate, Pérez-Llorca, un bufete español, lleva meses buscando socio local para entrar al mercado.
Son muchos cambios en poco tiempo, y no son pocas las voces en la industria que adelantan que seguirán viniendo nuevas noticias.
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A cuánto la hora
En Estados Unidos y en el Reino Unido existen rankings anuales que publican los ingresos de cada estudio, las utilidades por socio y hasta la productividad por abogado. España tiene el suyo desde hace años y en Colombia, un mercado bastante más parecido al chileno, también se sabe cuánto factura cada oficina. En Chile, en cambio, los estudios mantienen total hermetismo sobre sus resultados y ni siquiera se sabe cuánto factura la industria en su conjunto.
La única aproximación la hizo el estudio Andreucci & Torrejón, después de que una abogada de la oficina le pidiera los datos al Servicio de Impuestos Internos por Ley de Transparencia. El SII respondió que no los tenía consolidados, aunque explicó una ruta para estimarlos, y con esa fórmula la firma llegó a que el mercado legal chileno facturó cerca de US$ 4.500 millones en 2024.
“Muchas firmas no quieren transparentar cuánto facturan porque uno se llevaría sorpresas”, sugiere Rafael Mery. “Uno puede creer que facturan más de lo que están facturando”.
En Chile las tarifas se cotizan en UF por hora. Según diversas personas y empresas consultadas, un asociado cobraría entre 3 y 5 UF, mientras que un socio entre 5 y 8. Y un socio senior podría llegar a 9 o más.
En contraste, en Estados Unidos las cifras se multiplican varias veces. Un asociado puede cobrar entre US$ 700 y US$ 1.000 la hora en las firmas más grandes, y un socio senior, entre US$ 2.000 y US$ 3.000 en promedio.
Por ejemplo, una minuta de horas facturadas de Barros & Errázuriz -uno de los estudios más grandes de Chile- muestra al abogado a cargo de un caso de arbitraje, el socio David Cademartori, cobrando 8 UF la hora y a los asociados entre 3,5 y 5 UF.
Hay otras pistas de lo que cobran los estudios locales. Según una nota de La Tercera, en noviembre de 2024 Alfonso Silva, socio de Carey, declaró parte de las tarifas del estudio ante un tribunal de Delaware por la reorganización de WOM. Dijo que un socio senior de la oficina cobraba entre US$ 470 y US$ 480 la hora (aprox 10 UF), un socio entre US$ 320 y US$ 460, un asociado senior entre US$ 240 y US$ 310, un asociado entre US$ 170 y US$ 220, y un procurador entre US$ 90 y US$ 110.
Ese, en todo caso, es el precio de referencia, y muchas veces se paga menos, confirman distintos abogados. “Pretender que una hora de un asociado valga 4 UF es casi ilusorio”, dice Mery. Salvo, aclara, cuando el cliente es internacional.
Los ajustes en el precio de las tarifas ocurren porque los clientes antiguos negocian descuentos, especialmente cuando son empresas que encargan grandes volúmenes de trabajo legal.
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75.000
La gerencia legal del grupo Falabella, dice Rafael Mery, tiene más de 150 abogados. Se trata del equipo más grande que la enorme mayoría de los estudios chilenos. Adentro hay especialistas en protección de datos, gobernanza, compliance y derecho del consumidor, todas materias que en un retailer de ese tamaño aparecen semana a semana.
Hace 15 años buena parte de ese trabajo salía hacia afuera, pero hoy se resuelve puertas adentro.
El experto usa ese ejemplo para explicar qué le pasó a la demanda por trabajo que reciben los estudios. En los últimos años las empresas quedaron sujetas a más regulación sectorial, a más fiscalizadores y a más juicios, y en algún momento hicieron la cuenta: tener adentro a alguien que conociera el negocio y la regulación salía más barato y práctico que ir al mercado cada vez que aparecía el mismo problema. “Al final del día, el trabajo más recurrente se internaliza”, dice Mery.
Hay otro factor que también es importante de mencionar, dice el abogado: hoy las fiscalías de las empresas son más atractivas que antes para los profesionales. “Pasó de ser como una cosa de segundo nivel a ser un lugar donde uno puede desarrollarse profesionalmente, con mejores remuneraciones que en las firmas de abogados, con estabilidad laboral, y con una calidad de vida mucho mejor, porque se trabaja al ritmo de empresa y no al ritmo de oficina de abogado”.
Del otro lado, la oferta de abogados no para de crecer. Mery calcula que hoy juran cerca de 5.000 juristas al año y que en el país hay del orden de 75.000 abogados en ejercicio.
Y, naturalmente, con más abogados aparecieron más oficinas legales. Si en 2013 Chambers destacaba alrededor de 70 firmas, en la edición de este año llegaron a ser más de 160.
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Fenómeno Suits
En Suits, la serie legal más exitosa en los últimos años, el estudio protagonista alcanzó a tener más de 10 nombres distintos en nueve temporadas. Partió como Pearson Hardman, pasó por Pearson Darby, luego fue Pearson Specter y después Pearson Specter Litt. Cada vez que un socio entraba, se iba o traicionaba a otro, alguien tenía que cambiar el letrero de la recepción.
En Chile los letreros cambian mucho menos seguido, pero en los últimos años sí han existido salidas de socios fundadores. El último caso fue Morales y Besa, donde los dos creadores salieron para abrir otro bufete. Por eso la firma anunciará un nuevo nombre antes de fin de año.
Otro ejemplo: los últimos pisos del edificio de Patio en Enrique Foster, que históricamente pertenecieron a Bofill Escobar Silva, hoy tienen un letrero distinto: Escobar Silva Yanine Facuse.
“Todos los quiebres que hemos conocido y que vamos a seguir conociendo se producen fundamentalmente por un problema de plata”, describe Mery.
Eso sí, no siempre hay cambio en las marcas. Claro & Cía, uno de los estudios más grandes en Chile, fue fundado por Luis Claro Solar hace más de 100 años. Pero hoy, la firma es encabezada por la familia Eyzaguirre.
En noviembre de 2022 Claudio Lizana -uno de los socios estrella de Carey- dejó el estudio después de más de 30 años. En las acciones judiciales que presentó después, sostuvo que lo echaron sin aviso.
A causa del litigio, se conoció el pacto de socios de Carey firmado el 15 de julio de 2019, que hasta entonces nadie fuera de la firma había leído y que permite conocer cómo se organiza el estudio más grande del país. Por ejemplo, el documento permite excluir a un socio con más de tres años de antigüedad, con causa o sin ella, si el 80% del resto vota a favor.
Más allá de las divisiones que existieron y que pueden venir más adelante -Mery adelanta que seguirán los quiebres- hay un segmento que, en particular, está sufriendo más todos estos cambios: los estudios de abogados medianos, de entre 30 y 80 abogados, y en especial aquellos que se dedican a distintas industrias, sin focos particulares.
Ahí, diversos juristas coinciden, están los mayores impactos en los resultados. Y, además, son los más susceptibles a posibles divisiones, fusiones o adquisiciones.
Mery cree que ese tamaño medio “va a tender a reducirse muchísimo” y que lo que se va a ver en los próximos años, en ese segmento, es la división, la venta o el cierre de varias de esas firmas.
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Harvey II
Otro de los cambios que es inevitable -y que ya está generando cambios internos, dicen distintos consultados- es la aceleración en el uso de la IA.
Uno de los activos más valiosos de un abogado es el conocimiento. El conocimiento de la norma, de los contratos, de la jurisprudencia, de la regulación, de los precedentes. Y, por consiguiente, buena parte del tiempo de un abogado es buscar, resumir, ordenar y preparar escritos, todas cosas que una plataforma de inteligencia artificial bien entrenada puede minimizar al máximo.
Y esto es especialmente relevante para una industria en la que se cobra por hora.
El uso de distintas plataformas se volvió popular y masivo en las firmas chilenas durante 2025. Carey formó un comité de inteligencia artificial y un equipo dedicado a implementarla. También entraron a la propiedad de la legaltech Magnar.
Además, varias compañías legales escribieron protocolos internos, y el Poder Judicial estrenó un buscador que corre sobre más de un millón y medio de sentencias. Además, en julio el Colegio de Abogados publicó una guía de buenas prácticas para usar estos sistemas en litigación, negociación y redacción de escritos.
Es cosa de tiempo para que empiece a impactar fuerte a los resultados de los estudios, explican distintos entendidos. Eso sí, todavía, no todo son luces: uno de los estudios más top de Nueva York, Sullivan & Cromwell, se disculpó públicamente por las alucinaciones que plataformas de IA cometieron en la redacción de un documento legal.
Y el cambio que más puede modificar el tablero se llama, sin querer, igual que el protagonista de Suits: Harvey, la app de IA para abogados valorizada en más de US$ 11 mil millones. Esta semana la plataforma lanzó su segunda versión, con memoria propia y agentes que ya no parten de cero en cada caso.
Antes de este anuncio ya la usaba el 70% de los 10 estudios más grandes de Estados Unidos.
La pregunta, entonces, es qué pasará ahora.
Lo que dice Thomson Reuters
Cada trimestre, el instituto de Thomson Reuters mide la salud financiera de los grandes estudios de Estados Unidos. Según el informe, la demanda creció 3,0% y las tarifas cobradas subieron 7,1%, uno de los ritmos más altos desde 2021.
Este crecimiento, eso sí, no se reparte parejo: la carga de trabajo de los asociados subió 4,3% y la de los socios no equity, 6,0%, mientras que las horas de los socios equity cayeron 1,2%.
La brecha también separa a los estudios entre sí. El Am Law 100 y el Am Law Second Hundred mejoran su productividad, pero las firmas medianas la siguen perdiendo, una distancia que no se veía desde 2022.
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