En Perú, “Obras por Impuestos”, un mecanismo impulsado por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), atraviesa en 2026 su año de mayor actividad desde su creación, en 2009.
Entre enero y julio se adjudicaron 438 intervenciones por un monto de aproximadamente US$ 1.900 millones. Esta cifra ya supera en 28% el monto adjudicado durante todo 2025, que hasta entonces había sido el récord histórico.
Las “Obras por Impuestos” permiten que empresas privadas adelanten el pago de su impuesto a la renta para financiar y ejecutar proyectos de inversión pública previamente priorizados por entidades estatales.
A medida que la obra avanza o una vez ejecutada, el Tesoro Público devuelve el monto invertido mediante certificados que las compañías pueden utilizar para pagar su impuesto a la renta. Posteriormente, las entidades públicas devuelven al Tesoro Público el monto financiado para la ejecución de sus proyectos.
“Obras por Impuestos” permite que empresas privadas adelanten el pago de su tributo a la renta para financiar y ejecutar proyectos de inversión pública previamente priorizados por entidades estatales.
El avance también ha ampliado el número de participantes. En lo que va del año, 329 empresas privadas han intervenido como financistas, de las cuales 212 utilizaron por primera vez el mecanismo y comprometieron unos US$ 690 millones. A ellas se suman 259 entidades públicas participantes.
En el acumulado desde la creación del mecanismo, el ranking elaborado por ProInversión sitúa entre los principales actores al Banco de Crédito del Perú (BCP), Compañía Minera Antamina, Southern Peru Copper Corporation, ON Empresas y Tecnología y Creatividad.
El presidente de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena, Juan Carlos Fisher, atribuyó parte del crecimiento que ha mostrado el mecanismo a una mayor facilidad para financiar las operaciones y a la evolución que ha experimentado el sistema. “Las normas están un poco más flexibles”, sostuvo.
329 empresas se han adscrito al sistema este año.
Las firmas chilenas que participan del sistema
Mientras BCP, Antamina y Southern Peru Copper encabezan el ranking, el mecanismo también registra participación de filiales de grupos de origen chileno.
Según el ranking de ProInversión al 4 de agosto, Banco Falabella Perú acumulaba una participación de unos US$ 12 millones, seguido por Hipermercados Tottus, con US$ 8,6 millones; Sonda del Perú, con US$ 4,9 millones; y Banco Ripley Perú, con US$ 43 mil.
En el caso de Falabella y Tottus, ambas compañías han participado en iniciativas de seguridad ciudadana en Arequipa. Banco Falabella financió un proyecto para mejorar y ampliar el servicio de serenazgo de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero. Además, las dos firmas participaron en un consorcio vinculado a otra iniciativa de seguridad ciudadana en Cayma.
Tottus también integró el Consorcio TMH-Tottus-Falabella, que en 2022 suscribió un convenio para financiar y ejecutar un proyecto de seguridad ciudadana en Cerro Colorado, Arequipa. La iniciativa alcanzó posteriormente un presupuesto de US$ 11,2 millones.
Banco Ripley, en tanto, figura entre las entidades financieras que participaron en un plan impulsado por el Ministerio del Interior y la Asociación de Bancos del Perú para desarrollar infraestructura policial mediante Obras por Impuestos.
El acuerdo firmado en 2016 contempló un programa piloto para la construcción de 12 comisarías, cuya inversión fue cifrada posteriormente por el Ministerio del Interior en US$ 21,5 millones. Banco Ripley Perú integró el Consorcio Asbanc junto a otras 11 instituciones financieras.
Más recientemente, Sonda Perú suscribió en junio un convenio con el Gobierno Regional de San Martín para financiar un proyecto de seguridad ciudadana en Moyobamba por US$ 4,9 millones.
US$ 12 millones acumula la participación de Banco Falabella Perú al 4 de agosto.
El modelo peruano bajo la mirada chilena
La participación de compañías vinculadas a grupos chilenos en el sistema peruano se da mientras desde el sector privado local también han surgido planteamientos para analizar un mecanismo de estas características en Chile.
Para Fisher, la aplicación de un esquema similar, sumada a la reforma tributaria que impulsa actualmente el gobierno de Kast, podría tener un efecto relevante sobre la posición del país en la región. “Chile podría convertirse una vez más y después de mucho tiempo, de nuevo en el líder de la región y de la innovación”, afirmó.
El gerente del Observatorio del Comercio Ilícito de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Sergio Morales, señaló que “como CNC, hemos levantado esta inquietud con las autoridades de gobierno, pero enfocados principalmente en obras de seguridad”.
A juicio del ejecutivo, uno de los atributos del modelo es la posibilidad de combinar recursos privados con proyectos previamente definidos por el sector público.
“Es una buena fórmula de trabajo público-privado que favorece que los proyectos se ejecuten en menor tiempo”, afirmó.
Sin embargo, Morales sostuvo que un sistema de estas características requiere mecanismos de supervisión durante todo el desarrollo de las iniciativas. A su juicio, debe existir “un debido control tanto de las bases propiamente de los proyectos, como también de la ejecución, el seguimiento y su recepción final por parte de la autoridad pública”.
Para el especialista, un esquema similar podría ser útil en Chile, ya que permitiría agilizar proyectos “sin pasar obviamente por toda una tramitación de una Ley de Presupuesto”.