Hasta la Contraloría General de la República acudieron esta mañana el diputado de Renovación Nacional, Nicolás Monckeberg, junto al prosecretario de la UDI, Jorge Alessandri, para presentar un oficio que busca objetar y declarar ilegal el contrato que asigna $ 40 millones a la realización de un documental sobre el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.
"Hemos estimado conveniente y necesario la presentación de este requerimiento. Pedimos que se declare ilegal el contrato que en forma inédita asigna un contrato millonario de $ 40 millones a quien era funcionaria de la presidencia hasta el 31 de diciembre de 2015", manifestó Monckeberg luego de presentado el recurso.
"Creemos que este documental está completamente al margen de la ley y no corresponde por razones de forma y fondo", agregó.
En la forma, explicó el parlamentario, porque este tipo de contrato no se debiera hacer de forma directa, sino que corresponde hacer un concurso público en el que cualquiera pueda ofertar, razón por la que Monckeberg aseguró que "no están los fundamentos legales para justificar un contrato a dedo".
Lo anterior, precisó, porque cuando Tamara Gaviola (cineasta a cargo del documental) recibió el contrato seguía siendo funcionaria en ejercicio bajo el mando de Cristián Riquelme.
"Lamentablemente Riquelme y la Presidencia nos están acostumbrando a asignarle a dedo a proveedores de la campaña presidencial este tipo de tratos (...) y creo que esto afecta seriamente la transparencia que requiere el país", sentenció.
Como razón de fondo, el diputado acusó que no se puede resguardar en un documental el legado de un gobierno que no lleva ni la mitad de su período, por lo que la única explicación trataría de una "publicidad encubierta", que por su razón de ser, está prohibido que se financie con fondos públicos.
Siguiendo este razonamiento, el parlamentario acusó al gobierno de "faltar a la verdad" al decir que buscan resguardar imágenes históricas, "porque hoy y como ha sido con todos los presidentes, existe una unidad de memoria histórica que desde el primer día de mandato guarda todo el material para hacer los archivos presidenciales".
El libro de Piñera
Consultado por los libros que hizo el gobierno de Sebastián Piñera al término de su mandato (con un costo de $141 millones), que también fueron objetados por Contraloría, Monckeberg respondió que se trata de situaciones completamente distintas.
"La ley 20.500 obliga a los presidentes a hacer cuentas públicas de su mandato. Por lo tanto, el presidente (Sebastián Piñera) al final de su mandato cumplió con la ley, y para ello elaboró un libro por región que resumía todas las obras que en los cuatro años se realizaron. Y eso no tiene nada que ver con un documental publicitario que se encarga a mitad del período presidencial. Una cosa es rendición de cuentas y otra es hacer un documental con imágenes que ya existen", cerró.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
gobierno
