El militante PPD, Cristián Riquelme Urra, finalmente presentó su renuncia como director administrativo de La Moneda tras verse envuelto en una serie de polémicas durante los últimos meses.
El cuestionado miembro del denominado G-90 sostuvo hoy reuniones en La Moneda para cerrar su salida, hecho que se concretó al mediodía tras la firma de su carta de renuncia, tal como lo había anunciado el ministro del Interior, Jorge Burgos, el pasado miércoles.
Tras su retiro desde la casa de gobierno, en horas de esta tarde Riquelme emitió un comunicado en el cual sostiene que "el enrarecido clima que se ha ido generando en el país, ha hecho insostenible mi permanencia en el Gobierno".
Tras rechazar "enérgicamente" la práctica de culpar y sancionar a alguien sin que se demuestre su responsabilidad en algún hecho, explicó los negocios con el Estado que dieron pie a su renuncia.
Según expuso en la declaración pública, "durante un periodo complejo en lo laboral, constituimos dos sociedades (...) y, debido a lo difícil que es desarrollar exitosamente los emprendimientos, decidimos continuar con el giro".
"Cuando asumí por segunda vez como Director Administrativo de la Presidencia, me desligué completamente de la administración de estas sociedades", añadió.
Con respecto a su declaración de patrimonio, manifestó que así como se mencionaron sus activos, no se ha mencionado que cada uno de ellos tiene asociado un crédito bancario.
La salida del ex administrador de La Moneda se produce tras ser vinculado a diversos escándalos como su participación en el caso SQM, Caval, aprobar compras en La Moneda sin licitación y la adjudicación de contratos del Ministerio de Salud a empresas creadas por él.
Destacó su gestión
En la declaración pública, Riquelme destacó que luego de seis años de trabajo bajo los mandatos de Bachelet, "pude encabezar la modernización de esta institución con la implementación, entre otras acciones, de un mejoramiento significativo de las condiciones laborales y salariales de todos los funcionarios y la puesta en marcha de sistemas de control administrativo, financiero y de gestión que permitieron elevar el estándar de la gestión pública".
Por otra parte, expuso que, a diferencia de lo que ha aparecido públicamente, se logró reducir las contrataciones directas, desde un 75% en 2010 a un 37% en 2015, según lo constata el portal Chile-Compra 2010-2015.
"Me retiro con la tranquilidad de que en 15 años de desempeño como funcionario en el Estado, realicé mis labores con compromiso y vocación de servicio público, así como con estricto apego a la normativa legal vigente. Por ello comparto que, para la defensa de mi propia honra y prestigio, sea la Contraloría General de República quien, en uso de sus facultades, revise lo que estime conveniente", finalizó.
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