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REGÍSTRATE AQUÍPor: karen peña
Publicado: Martes 12 de julio de 2016 a las 04:00 hrs.
Una tibia recepción logró ayer en la comisión de Constitución del Senado el inicio del estudio de la moción propuesta por cinco senadores -Hernán Larraín, Felipe Harboe y Ena von Baer, entre otros- que establece un estatuto de transparencia activa para las asociaciones gremiales, colegios profesionales y organizaciones sindicales.
La iniciativa, que sugiere mantener a disposición permanente del público a través de sus sitios electrónicos, diez antecedentes vigentes de forma trimestral (como el financiamiento público y privado de dichas organizaciones), desató críticas en su primera jornada de discusión y abrió el abanico de dudas más allá de valorar la intención de la moción parlamentaria.
Abriendo la discusión, la subsecretaria de la Segpres, Patricia Silva, destacó que la legislación actual en el marco especialmente del cumplimiento de la agenda de probidad y transparencia ha sido un adelanto. Sin embargo, advirtió que la ley que rige hoy básicamente regula como principal sujeto al sector público.
Valoró la iniciativa, pero hizo algunas observaciones, como “la necesidad de mencionar específicamente quiénes son los organismos, las instituciones o los sujetos claramente obligados a esta ley”.
En sus respectivos turnos, si bien las organizaciones hicieron patente que la invitación a participar del debate sólo se realizó hace algunos días, por lo que aún el tema no se ha discutido a nivel interno, expresaron sus opiniones frente a la iniciativa.
Mientras el lider de Conapyme, Rafael Cumsille, manifestó su preocupación por el texto, el presidente del Colegio de Abogados, Arturo Alessandri, fue claro en asegurar que “intentar homologar un partido político a un colegio de profesionales, me parece que no tiene un mayor sentido, porque creo que parte de una base muy errada”. Esto, a juicio de Alessandri, porque “como colegio profesional, como asociación gremial, no somos entidades de derecho público. En consecuencia, somos claramente una entidad de carácter absolutamente privado y los miembros voluntariamente han decidio ingresar”.
Uno de los impulsores del texto, el senador Hernán Larraín, reconoció que es necesario que este proyecto tenga mayor precisión para ver hasta dónde puede llegar el nivel de búsqueda de información.
La CPC no asistió a la cita, ya que informó a la comisión que esperarían discutir hoy en su comité ejecutivo los alcances del texto.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.