El proyecto de ley que fortalece la regionalización -que se encuentra en tercer trámite constitucional en la comisión de gobierno del Senado- incorpora un nuevo esquema de administración territorial: las áreas metropolitanas.
De acuerdo a la iniciativa, en cada región podrá constituirse una o más de estas áreas, las cuales serán administradas por el gobierno regional metropolitano y estará conformada por dos o más comunas de una misma región, unidas entre sí por espacios urbanos y que, en su conjunto, superen los 250.000 habitantes. Actualmente, hay ocho regiones que cumplen con estos requisitos y se crearían una vez aprobada la ley.
La ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball, explica que uno de los puntos más importantes del proyecto es que define un grupo de materias que, de crearse un Área Metropolitana, deberán ser resueltas por el GORE en forma integrada: movilidad, urbanismo y medioambiente. “Es decir, cómo definir el sentido del tránsito vehicular de las vías urbanas intercomunales, gestionar los residuos sólidos domiciliarios o aprobar planes de inversión en espacios públicos de rango intercomunal”, detalla la autoridad.
Otro de los beneficios, dice, es que este compendio territorial permite identificar amenazas y áreas de riesgo y así “dar una mejor respuesta a las emergencias”.
La experiencia piloto
Mientras el proyecto de ley se discute en el Congreso, la Subsecretaria de Desarrollo Regional (Subdere) ya partió este año -en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)- con la primera etapa de pilotaje de áreas metropolitanas en cuatro regiones: Coquimbo, Los Lagos, Biobío y Metropolitana.
En esta fase, el trabajo se está concentrando en el transporte público, disposición final de la basura y medio ambiente, que asoman como problemas recurrentes en las distintas comunas del país. A estos se irán agregando otros tópicos, como estructura económica y social y suelo y ocupación, entre otros. El titular de la Subdere, Ricardo Cifuentes, pone como ejemplo el área conformada por La Serena y Coquimbo, donde la Ruta 5 dejó un “lunar” de 17 km. con altos niveles de congestión en medio de las dos ciudades. “Eso hay que resolverlo, pero no lo puede hacer por separado el alcalde de Coquimbo o el de La Serena, tiene que ser una autoridad distinta”, plantea.
Los resultados de esta nueva planificación no se verán en el corto plazo, sincera la autoridad, lo que no significa que no se cumplan metas en el intertanto. Una de corto plazo es aprender a trabajar en equipo en instituciones distintas, lo que permitirá el pilotaje; luego, instalar el área metropolitana por ley y trabajar en eliminar los problemas detectados.
“Vamos a elegir gobernadores regionales en 2017, van a durar cuatro años porque no pueden ser removidos y por lo tanto se pueden plantear metas. A ese intendente le cobraría la solución de los problemas. Uno podría tener la expectativa de que en cinco años más, al término de la primera experiencia de gobernadores electos puedas tener alguno de los problemas resueltos”, dice Cifuentes.
Barcelona, Londres y Buenos Aires son ciudades calificadas como ejemplos exitosos de este tipo de planificación. Estos casos se analizarán hoy y mañana en el ex Congreso en un seminario internacional de áreas metropolitanas, donde Saball y Cifuentes, entre otras autoridades, debatirán sobre el tema.
Agosto será clave para proyecto de elección directa de intendentes
A contrarreloj está trabajando el titular de la Subdere, Ricardo Cifuentes, para destrabar el debate de la reforma constitucional que permitirá la elección directa de gobernadores regionales (intendentes), iniciativa que hoy está en primer trámite en la comisión de Gobierno del Senado.
La fórmula de elección aún no logra consenso, ya que el oficialismo apuesta por una mayoría absoluta (más de la mitad de los votos) y la oposición busca una mayoría relativa. Esto último no es suficiente, según el gobierno, dadas las decisiones que deberá tomar la nueva autoridad.
"Ellos van a tener que llegar a fundar una nueva institucionalidad, tomar decisiones que a veces no son fáciles -en materia de residuos, transporte público, por ejemplo- y para eso se necesita una autoridad empoderada y la forma de lograrlo en democracia es con los votos. Tenemos que asegurar un cierto piso y en eso no vamos a claudicar", justifica el subsecretario.
Otro punto que también permanece, dice Cifuentes, firme es que la primera elección directa será el próximo año y, por lo mismo, el avance que se logre en agosto será clave, lo cual se está trabajando en conjunto con los ministros de Interior, Mario Fernández, y de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre, en las negociaciones.
"Vamos a hacer todas las acciones que sean necesarias, yo me siento muy respaldado. Queremos que este proyecto se vote en agosto", enfatiza la autoridad.
El apremio del gobierno se debe a que la iniciativa aún debe pasar por la Cámara de Diputados, y para tener elección directa el próximo año, la ley orgánica tiene que aporbarse a más tardar en el primer trimestre de 2017.
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