Mañana cuando se realicen los cabildos regionales se pondrá fin a la etapa participativa del proceso constituyente. Iniciativa que comenzó el 23 de abril, cuando se dio el vamos a los Encuentros Locales Autoconvocados (ELAs).
Pero el desarrollo para tener una nueva Constitución ha tenido varias polémicas: la oposición cuestionó la legitimidad y acusó intervencionismo, desde el oficialismo también ha habido críticas. Uno de los primeros en hacerlo fue el ex subsecretario del Interior y abogado constitucionalista, Jorge Correa Sutil, quien si bien destaca que 100 mil personas se hayan reunido en los ELAs, cree que hay aspectos negativos.
“Me parece que es muy difícil que el proceso cumpla con su promesa de ser incidente en una nueva Constitución. Y eso puede frustrar a las personas que se reunieron y que tuvieron la expectativa de incidir en un nuevo texto constitucional”, dice.
- ¿Cuáles son los motivos para sostener esa aseveración?
- Tres. El primero, es porque la participación tuvo sesgo de ricos y pobres. Entiendo, por un análisis que leí, que en Vitacura una de cada 700 personas participó en los encuentros locales. Cuando uno se mueve a barrios pobres de La Pintana o Pudahuel, por ejemplo, esas cifras suben de 5 mil o 6 mil. O sea, hay diferencias de uno a diez, que son muy significativas. Segundo, está el sesgo de que en esto participan los más movilizados y más confiados, porque aunque fue abierto a todos, los muy desconfiados y los más apáticos no participan. Pero el problema mayor es que la metodología es tan deficiente que hace muy difícil que las respuestas incidan verdaderamente en un proceso constituyente.
- ¿Qué quiere decir con que la metodología es deficiente?
- Voy a usar los principios y derechos. Entre los principios el más mencionado fue la Justicia. ¿Y qué ganamos con saber eso para un proceso constituyente? ¿Cuál es el sentido de la expresión Justicia para quienes participaron? ¿Qué arreglos institucionales debemos hacer para alcanzar la Justicia? Son preguntas claves y que no podemos responder con el análisis cuantitativo que tenemos hasta ahora.
Sobre los derechos, la libertad de expresión y conciencia está en los últimos lugares. ¿Quiere decir esto que la gente los da por ganados? ¿O que los desprecia? La tradición constitucional dice que sin libertad de expresión no hay democracia y sin democracia no hay buenas políticas públicas. Hay deficiencias metodológicas que hacen peligrar que finalmente este ejercicio haya sido muy valioso, entonces las expectativas se pueden frustrar.
- El gobierno celebró las más de 82 mil consultas individuales y más de 7.500 encuentros locales, pero en los cabildos provinciales se registró un promedio de 181 personas por recinto. ¿Cree que el proceso se ha ido desinflando?
- Hay un sector minoritario de la sociedad que tiene un interés mayoritario por estos temas y hay un sentimiento generalizado de la necesidad de un cambio de la Constitución en democracia, pero que es una aspiración con poca intensidad.
- ¿Y a qué se debe eso?
- Las demandas ciudadanas son más concretas. La pregunta constitucional es más compleja y es cómo hacemos que las instituciones funcionen mejor para que sus respuestas a las demandas de la gente sean mejores. Chile no ha mejorado su educación porque la Constitución diga una cosa y otra. Los salarios tampoco han mejorado por eso. Pero la forma en que la Constitución organiza el poder es absolutamente vital para que las autoridades respondan bien o mal a las demandas ciudadanas. Eso la gente lo intuye. Probablemente cuando el proceso planteé dilemas específicos y estemos decidiendo si vamos a tener iniciativa del Presidente o de cualquier parlamentario en materia de pensiones, el número y la intensidad de la participación van a subir. Por ahora, me parece que las preguntas no despertaron, salvo en los más activos, el interés que los asuntos públicos despiertan.
- ¿Cree que en los cabildos regionales se revierta la baja participación de los provinciales?
- No, en absoluto, porque van a ser menos reuniones, porque esos grupos no van a ser representativos y, por lo tanto, no hay nada que revertir porque la metodología va a seguir siendo la misma. Es la conclusión natural de un proceso que ha tenido de dulce y agraz, pero no creo que la fase final nos vaya a preparar una sorpresa. Ni tiene por qué hacerlo.
- ¿Cuál habría sido el escenario ideal para realizar este proceso?
- A mí no me parece mal lo que ha ocurrido y espero que este y futuros gobiernos sitúen en el debate político y público los dilemas concretos de la institucionalidad chilena y que eso se resuelva con una amplia deliberación pública y participación ciudadana. Este proceso ha demostrado que esto es posible y que se puede hacer ordenadamente sin amenazar la institucionalidad.
- Algunos académicos plantean volver a constituciones anteriores y otros mantener la de 1980. ¿Dónde se ubica usted?
- Es muy peligroso para los países tener constituciones con bajos niveles de legitimidad. La Constitución es siempre la última palabra para dirimir los conflictos. Chile tiene que hacerse cargo y sentir como suya la Constitución, el régimen de pensiones y el modelo económico. Y para eso necesitamos debatir profundamente cada una de estas cosas y vamos a pasar mucho tiempo en ello. No me parece que la Constitución de 1925, por ejemplo, sea una fórmula adecuada. Por el contrario creo que tenemos que discutir las fortalezas y debilidades que la Constitución que nos rige ha mostrado en estos 25 años de transición y es sobre esa base que tenemos que elaborar alternativas e ideas acerca de cómo mejorar.
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