Primero participará en el consejo de gabinete, luego en el comité político y después pondrá manos a la obra para sacar adelante los proyectos de ley que quedaron pendientes en el Congreso.
Así serán las primeras horas del ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Nicolás Eyzaguirre, tras regresar de sus vacaciones.
Y es que el secretario de Estado tendrá una intensa agenda de actividades. En especial las primeras semanas de marzo, cuando el oficialismo tendrá que intentar sacar adelante todas las iniciativas que no obtuvieron luz verde durante el “frenesí legislativo” de enero.
La primera de ellas será la reforma laboral que ha encontrado detractores en la Nueva Mayoría, sobre todo en la DC, donde algunos parlamentarios se oponen al fin del reemplazo en huelga, la negociación interempresa y la extensión de beneficios, cuestiones que Eyzaguirre deberá zanjar.
El otro desafío del ministro será sacar adelante la reforma a la educación superior, que ha generado aprensiones entre el Consejo de Rectores y la Confech.
De hecho, ambas entidades han manifestado su preocupación porque la iniciativa sea presentada a fines de marzo o comienzos de abril, como lo adelantó la ministra de Educación, Adriana Delpiano.
Aborto y colusión
En el horizonte de Eyzaguirre también aparecen proyectos valóricos, como el de despenalización por la interrupción del embarazo en tres causales, iniciativa que causa rechazo en la oposición, pero también en algunos sectores más conservadores del oficialismo.
De hecho, durante las últimas semanas la ex senadora DC, Soledad Alvear, ha manifestado su rechazo al proyecto.
La que también quedó stand by fue la ley anticolusión. La iniciativa fue ingresada al Congreso en marzo del año pasado, sin embargo todavía se encuentra en primer trámite legislativo y la misión de Eyzaguirre será destrabarlo.
El proyecto sanciona conductas contrarias a la libre competencia y contempla penas de cárcel que pueden llegar hasta los 10 años.
La lista suma y sigue y en ella también se encuentra la agenda corta antidelincuencia.
La iniciativa, que incluye el control de identidad preventivo, busca establecer penas de cárcel efectivas para delitos como robo, hurto y receptación.
El proyecto ha desatado una ola de críticas de destacados penalistas, como Julián López y Jorge Bofill, quienes han arremetido contra el diputado RN Gonzalo Fuenzalida y también contra el gobierno.
Para los abogados, existen problemas mucho más profundos en el sistema judicial chileno y que no tienen que ver con el aumento de penas ni con entregarle mayores atribuciones a las policías.
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