El senador del MAS Alejandro Navarro reiteró que la superintendenta de pensiones Tamara Agnic debe renunciar a su cargo, luego de que en su pronunciamiento la Contraloría calificara como "impracticable" la fusión entre AFP Cuprum y Argentum.
"La Contraloría nos dio la razón, al indicar que la actuación de la superintedenta de Pensiones al permitir la creación de una AFP de papel, sin infraestructura, sin afiliados, que no tenía como objetivo administrar pensiones, es totalmente ilegal", informó el senador mediante un comunicado.
A juicio del senador del MAS este dictamen deja en una difícil situación política a Tamara Agnic, contra quien interpuso además una denuncia criminal la que fue acogida por la Fiscalía el pasado 17 de junio con el fin que se investiguen las eventuales responsabilidades penales así como las posibles infracciones a la ley de Sociedades Anónimas, investigación que desarrolla la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad, a cargo de la fiscal Tania Sironvalle.
Navarro informó que "la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad ya ofició al Consejo de Defensa del Estado (CDE), a fin de que este evalúe si se hará parte de la investigación, toda vez que los 80 mil millones eludidos por Principal, van en directo perjuicio del Fisco, es decir, de todos los chilenos".
El parlamentario además comunicó que "la Fiscalía ofició al Servicio de Impuestos Internos para que entregue toda la información relativa a las aristas tributarias, ya que en caso de existir algún delito de esta índole, el SII es el único habilitado para presentar una querella criminal".
"Ahora que la Contraloría de forma lapidaria ha impugnado la fusión de AFP Cuprum con Argentum, esperamos por un lado que la Fiscalía acelere las indagatoria y formalice prontamente a los responsables, así como también el CDE proceda a presentar la demanda civil por nulidad de derecho público con el fin de impugnar la elusión tanto del grupo Principal como de Metlife".
Finalmente Navarro indicó que "el gobierno no puede seguir imperturbable mientras las AFP despojan al Fisco de US$ 410 millones, el Ejecutivo debe dejar de ser espectador de un problema que deslegitima la institucionalidad en su conjunto".
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