Las empresas estatales han realizado sustanciosos aportes al Fisco en los últimos siete años, los que casi triplican los aportes realizados por éste, su accionista controlador. Según un informe de la Dirección de Presupuestos (Dipres), entre 2010 y 2016 las compañías públicas traspasaron al Estado US$ 26. 192 millones, mientras que el aporte del gobierno apenas fue de US$ 10.677 millones.
La mayoría de los recursos enterados a las arcas fiscales (US$ 20.000 millones) se tratan de gravámenes que pagan las corporaciones estatales, mientras que los restantes US$ 6.000 millones corresponden a excedentes. Estos últimos ascendieron a apenas US$ 110 millones el año pasado, la cifra más baja del período.
Mientras que por el lado de los aportes fiscales, la principal incidencia fue la capitalización de utilidades propias, con US$ 4.200 millones. Más atrás se ubica el apartado inversiones, con US$ 2.878 millones entre 2010 y 2016.
Las cifras revelan la fuerte incidencia de Codelco en el total: la cuprífera representa el 88% de los recursos traspasados por las compañías en el período, mientras que explica sobre el 40% de los dineros inyectados desde el Fisco. El resto de la torta se reparte entre Metro, BancoEstado, EFE y ENAP.
¿Qué se requiere para recibir más recursos?
La directora del Centro de Estudios Financieros (CEF) de la Universidad de los Andes, Cecilia Cifuentes, recalca que es “necesaria” una modernización de las empresas del Estado y reducir su influencia política.
“En Codelco, por ejemplo, se da menos, pero hay otras como los puertos o algunas ligadas a los servicios en los que no hay una clara distinción entre lo técnico y lo político”, dice.
El director del Observatorio del Gasto Fiscal, Guillermo Pattillo, señala que más que “modernizar” las empresas y su gobierno corporativo, lo que se requiere es “cuestionarse” si tiene sentido que el Fisco tenga el 100% de la propiedad de algunas compañías.
“No tengo ninguna duda que en varios pocos casos podría ser más rentable privatizar que sostener la propiedad”, plantea.
Mientras que la investigadora de Libertad y Desarrollo, Cristina Torres, recalca que se requiere una mirada “global, no solo relacionada a mayores aportes”, de modo tal de separar el actuar del Estado como propietario de empresas públicas, de su rol regulador del mercado, para evitar “distorsiones de competencia”.
“Los principios de la OCDE de reforma regulatoria también lo señalan”, dice.
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