Por Sebastián Valdenegro
La reforma tributaria aprobada en septiembre de 2014 -y recientemente objeto de una simplificación legal- dotó de mayores facultades de fiscalización a una serie de servicios dependientes del Ministerio de Hacienda involucrados en la recaudación de impuestos.
Uno de ellos fue el Servicio Nacional de Aduanas, que verá incrementar su dotación en 618 funcionarios a 2018, año que la reforma entra en régimen y que, entre las principales responsabilidades que le confiere, aumenta sus atribuciones para la fiscalización del comercio exterior, principalmente el minero.
Así, a partir de mediados del año pasado el organismo inició un período de marcha blanca del programa de control de exportaciones mineras (conocido coloquialmente como “trazabilidad minera”), mediante el cual la entidad fiscaliza el valor, exactitud y la veracidad de los envíos declarados por la industria minera, con lo que se busca reducir la evasión tributaria en este ámbito.
Las empresas tendrán un plazo fijo para enviar a Aduanas el Informe de Variación de Valor (IVV) con los precios de las materias primas exportador. Así, se establecen sanciones a quien no presente la información o lo haga fuera de plazo, con una multa de hasta 2% del valor aduanero de la mercancía y que en caso de reincidencia puede ser hasta 10%.
¿Cómo se ha desarrollado el proceso? En cifras, por lo menos se refleja que el trabajo ha sido intenso: Aduanas ha realizado 867 denuncias por infracciones reglamentarias en la materia, las cuales han derivado en 10 denuncias penales ante el Ministerio Público.
Se trata, según explican desde la institución, de un número que ha “superado” las expectativas. A pesar de esto, se anticipa que bien podrían reducirse en los próximos años, debido a que las empresas ya interiorizarán los nuevos criterios de fiscalización del servicio.
En este sentido, el organismo ha reforzado las aduanas ubicadas en regiones mineras, con énfasis en ciudades como Tocopilla y Antofagasta. En esta última ciudad, la repartición está afinando los detalles de la licitación de un laboratorio para incrementar la calidad de las fiscalizaciones a los productos mineros.
“Sin duda, aquí va a haber un periodo de ajustes de las empresas exportadoras, ya que hoy día Aduanas está cumpliendo un rol más activo respecto al control de exportaciones”, dicen desde Aduanas.
Objetivo 2016: Modernizar zonas francas
Durante 2015, bajo la dirección nacional del abogado porteño Gonzalo Pereira Puchy -quien presentó su renuncia no voluntaria al cargo el pasado 4 de febrero, para hacerse efectiva a partir del próximo lunes 29-, Aduanas incautó más de 5 millones de cajetillas de cigarros de contrabando, equivalentes a US$ 18 millones en evasión de impuestos, un incremento de alrededor de US$ 2 millones respecto al 2014; en materia de propiedad intelectual y medicamentos se incautaron mercancías por US$ 50 millones de dólares, el doble en comparación al año previo.
Uno de los objetivos en los que trabajará Aduanas este año es la modernización del funcionamiento de las tres zonas francas que hay en el país: Iquique y Punta Arenas, que son comerciales e industriales, y Punta Arenas, que es sólo comercial.
Eso sí, los modelos no son los mismos: en Iquique la administra una empresa estatal (Zofri S.A.), en Punta Arenas se le entrega a una empresa privada. En Iquique los procedimientos de control y los procedimientos de intercambio de información entre el usuario, zona franca y la aduana, está automatizado vía programas informáticos, en Punta Arenas son manuales.
Aduanas estudia un reglamento que sea aplicable a todas las zonas francas y que esté disponible frente a la decisión de implementar nuevas zonas francas y establecer programas de fiscalización.
Lo que se busca es estandarizar el uso de la tecnología para las dos zonas francas, en el entendido que se detectaron debilidades de fiscalización de las dos, con problemas distintos.
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