Tras el estallido del caso Hermosilla y en medio de reacciones, análisis y la búsqueda de responsabilidades, esta semana el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, abordó el tema, apuntando no sólo a la gravedad del asunto, sino también al Legislativo, aludiendo a que no se ha avanzado en iniciativas que impedirían estos hechos de corrupción en que distintos actores, privados y públicos, se coluden para defraudar al Fisco.
El secretario de Estado mencionó en concreto el proyecto de “inteligencia económica”, que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado. El mensaje presidencial ingresó al Congreso el 31 de mayo de este año, por el Senado, siendo derivado a la Comisión de Seguridad Pública de esta cámara.
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El proyecto, de 25 artículos permanentes y tres transitorios, nace –según explica el Ejecutivo- el 13 de abril de este año, cuando el Gobierno y el Congreso acordaron “la priorización de una agenda legislativa en materia de seguridad, la que incluye, entre otros, el compromiso de despachar dentro de 150 días: un proyecto de ley sobre inteligencia financiera para perseguir el delito, la creación de capacidades especializadas en el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Servicio Nacional de Aduanas (SNA), y el levantamiento del secreto bancario para la investigación y persecución del crimen organizado; y otro que establezca la obligatoriedad de iniciación de actividades para personas que operan en el comercio exterior”.
Aunque, la iniciativa ingresó con urgencia simple, rápidamente –el 18 de julio- el Ejecutivo la subió a “suma” (15 días de tramitación en cada Cámara); a partir de ahí la ha ido renovando hasta la fecha. Sin embargo, el proyecto avanza con excesiva lentitud en la comisión de Seguridad Pública, que encabeza el senador de Evópoli Felipe Kast, ya que la última vez que se puso en tabla fue el 26 de septiembre, ocasión en que expusieron representantes de la Fiscalía Nacional, de la Superintendencia de Casinos y Juego; y, de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile.
“El Gobierno tiene que corregir el proyecto”
De los 25 artículos, la mayoría apunta a modificar leyes relativas a la Unidad de Análisis Financiero; la que establece Normas para las Operaciones de Crédito y otras Obligaciones de Dinero; sobre Sociedades Anónimas; la que Autoriza Emisión y Operación de Medios de Pago con Provisión de Fondo por Entidades no Bancarias; la Ley que Regula la Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales; del Mercado de Valores; la Ley que establece el Marco Legal para la Constitución y Operación de Entidades Privadas de Depósito y Custodia de Valores; y sobre Sistemas de Compensación y Liquidación de Instrumentos Financieros. Además, considera cambios en la Ley que Promueve la Competencia e Inclusión Financiera a través de la Innovación y Tecnología en la Prestación de Servicios Financieros, Ley Fintec; la que Regula el establecimiento de Bolsas de Productos; la Ley que Establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego; del Código Penal y la Ley de Impuesto a las Ventas y Servicios.
Adicionalmente, modifica una serie de decretos del Ministerio de Hacienda en su mayoría, pero también de Economía e Interior.
En el marco de los fundamentos y objetivos de la iniciativa, el Ejecutivo explica que el subsistema y sus integrantes, funcionalmente coordinados, “dirigirán y ejecutarán labores de inteligencia” consistentes en la recolección, evaluación y análisis de información sobre actividades relacionadas con delitos tributarios, aduaneros, económicos, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, delitos sobre control de armas o delitos vinculados al crimen organizado, incluyendo el de tráfico de estupefacientes y sicotrópicos y organización delictiva o criminal, entre otros, a fin de alertar y/o colaborar con el Ministerio Público y el Sistema de Inteligencia del Estado (que es otro proyecto que está en tramitación en la Cámara), según corresponda.
Por otra parte, los integrantes del subsistema podrán intercambiar información y requerir antecedentes entre sí y a otros organismos públicos. Y enfatiza que en el caso de que la información sea secreta o reservada “deberá ser compartida con los organismos integrantes del subsistema, sin perjuicio de mantener el carácter de secreta o reservada”.
A la crítica del ministro Elizalde, en cuanto a que no se ha avanzado en la iniciativa el senador Felipe Kast retrucó que la comisión que encabeza lo ha analizado cinco veces, pero que, “desgraciadamente, y el Gobierno no se ha hecho cargo, el proyecto ha sido criticado por todos los expertos, es completamente insuficiente; la misma Comisión para el Mercado Financiero lo criticó, todos los expertos que han ido (a la comisión) dan cuenta que el proyecto es insuficiente. Por lo tanto, el que tiene que corregir el proyecto es el Gobierno”, recalcó.
E insistió en que la iniciativa que tramita la Comisión de Seguridad “no resuelve lo que hoy día requiere el país para tener un sistema de inteligencia financiera económica como corresponde”, por lo que hay que el Ejecutivo tiene que mejorar el proyecto.
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