Anoche, el presidente Sebastián Piñera convocó al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) cuyo tema a tratar -de acuerdo a la declaración emanada desde el Ministerio del Interior- “serán los antecedentes jurídicos de la defensa de nuestro país ante el Tribunal Internacional de La Haya con motivo de la controversia marítima con Perú”
En la cita, que se realizará el próximo lunes 20 de enero a las 9:00 horas, participarán los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, el presidente de la Corte Suprema, el Contralor General de la República, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el General Director de Carabineros.
El Cosena es un organismo que asesora al Presidente de la República en materias vinculadas a la seguridad nacional y fue creado por la Constitución Política de 1980. La última vez que se citó a la instancia fue en el marco justamente de la presentación de la demanda en 2005, bajo el gobierno de Ricardo Lagos Escobar.
En el marco de la comisión que trabajó en la propuesta de Nueva Constitución de la presidenta electa, Michelle Bachelet, se consideró una modificación a los capítulos relativos a las FFAA, de Orden y Seguridad Pública y al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), respectivamente.
H. Larraín: “Produce desconcierto”
Pese a haberse reunido el lunes pasado con el presidente abordando esta materia, el senador Hernán Larraín dijo no tener conocimiento de los antecedentes que hayan motivado al presidente a hacer esta convocatoria. “Quizás por la falta de información uno piensa y especula muchas cosas, obviamente que convocar a una semana de conocer un fallo al Consejo de Seguridad produce sorpresa, desconcierto, pero uno tiene que juzgar que siendo el Presidente de la República debe tener buenos antecedentes, pero no se qué sentido tiene”.
Agregó que “este Consejo hace muchos años que no se cita y por lo tanto, convocarlo en estas circunstancias amerita pensar de que se trata de una situación extraordinaria cuyas causas tendrá que explicar el gobierno, porque una decisión de esta naturaleza provoca un impacto también en Perú y en este minuto lo razonable es atender con la mayor normalidad la llegada del fallo”.
El analista internacional, Gabriel Gaspar, en cambio, aseveró que “somos muchos los que venimos señalando hace mucho tiempo que era necesario y prudente convocar al consejo, porque ahíestán representados todos los poderes del Estado, y como esto se trata de un tema de Estado no de gobierno, aunque tardía me parece positivo”.
Agregó que “esto no altera el clima de tranquilidad, al contrario, que el presidente del Senado, de la Cámara de Diputados, el contralor, se informen de primera mano, me parece correcto”.
Canciller en Arica
En la semana previa de la lectura de la sentencia de la Corte Internacional de La Haya, el canciller Alfredo Moreno desarrollará una intensa agenda de reuniones en la ciudad de Arica.
El lunes 13 y martes 14 de enero y acompañado del agente chileno Alberto van Klaveren, la coagente María Teresa Infante, el ministro de Economía Felix de Vicente y del subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, el secretario de Estado encabezará una serie de encuentros que buscan coordinar los escenarios frente a la sentencia por la demanda presentada por Perú ante el tribunal internacional.
Si bien desde el gobierno advierten que la agenda aún se está afinando respecto “a fechas y tiempos”, entre las posibles actividades se ha contemplado un encuentro con los distintos sindicatos tanto de la pesca industrial, artesanal, armadores pesqueros y algunas industrias derivadas del sector.
También existe la intención de reunirse con el gabinete regional es decir el Intendente de la región, gobernadores y todo el equipo de secretarios ministeriales (seremi) además de “conversar” con los parlamentarios en ejercicio y quienes fueron electos recientemente.
Del mismo modo, las autoridades se reunirán con el sector privado de Arica tanto el industrial, comercial y gremial, sectores productivos aglutinados en la Corporación de Desarrollo Arica y Parinocata.
La idea, comentan en el gobierno, ”es tomar contacto con quienes son los primeros usuarios del punto en conflicto, que son las industrias del sector pesquero”.
Para el mismo día 27, se ha previsto que los senadores de la zona Fulvio Rossi (PS) y Jaime Orpis (UDI) permanezcan en Arica para conocer el fallo.
Arica: plenamente informado
En tanto, ayer el ministro de Relaciones Exteriores junto a Alberto van Klaveren y María Teresa Infante, se reunieron con el nuevo presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, ocasión en que analizaron los distintos escenarios que podrían darse tras conocerse el fallo del tribunal internacional.
A la salida de la cita, Moreno comentó sobre la importancia de su viaje a Arica. “Es el lugar donde está en cuestión el límite marítimo, donde están los pescadores. Nosotros ya hemos estado en Arica anteriormente con los agentes y creo que es importante que la comunidad de Arica, los pescadores particularmente y las autoridades estén plenamente informadas”.
Del mismo modo, manifestó que el magistrado Muñoz le señaló que comparte plenamente la política que se ha implementado en esta materia, y la importancia de enfrentar el fallo con unidad nacional para enfrentar este tema.
cdE por resolución de honorarios de abogados
El presidente del CDE, Sergio Urrejola Monckeberg, manifestó su satisfacción por la resolución de la Corte Suprema que acogió la queja deducida por el CDE en contra de los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago quienes habían accedido a la entrega de la información solicitada por una estudiante argentina, relativa a los nombres y honorarios de los abogados representantes del Estado de Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
"Ratifica que corresponde a la autoridad política la calificación del interés nacional en materia de Relaciones Internacionales y además reitera el carácter secreto de la relación entre el Estado de Chile y los abogados que lo representan, ratificando la primacía del secreto profesional, también contenido en tratados internacionales".
El presidente del CDE destacó que el fallo unánime de los ministros Sergio Muñoz, Héctor Carreño, Pedro Pierry, María Eugenia Sandoval y el abogado integrante Arturo Prado acogiera tres de los cuatro planteamientos presentados por el CDE. Entre ellos está el que alude a la facultad privativa del Presidente de la República y del Ministerio de Relaciones Exteriores para calificar el interés nacional. Concretamente, se señala que es facultad constitucional del Presidente -bajo la asesoría del canciller- conducir y resolver las relaciones internacionales, incluida la defensa de los intereses del país en los tribunales internacionales, así como la mantención de la reserva que estime conveniente.
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