Una falta de financiamiento por unos $ 229.334 millones (unos US$ 321,9 millones), que representa el 5,3% de las colocaciones sectoriales de acuerdo a las cifras oficiales disponibles a julio 2014, enfrenta el sector agrícola nacional, de acuerdo a un estudio que encargó la Oficina de Estudios y Políticas Agrícolas (Odepa) a BGM Consultores Asociados.
Mientras, la demanda calculada corresponde a un 24% de la cartera de ventas anuales de las empresas de insumos agrícolas y es 11,5 veces más grande que la cartera de colocaciones agrícolas del sector cooperativo.
Así, al poner bajo la lupa la situación de la demanda y oferta de financiamiento para el sector agropecuario y la brecha entre ambas, el informe pone de manifiesto las causas de las trabas de financiamiento y la necesidad de elaborar propuestas de políticas públicas y/o instrumentos que faciliten y mejoren el acceso en agricultores frutícolas, hortícolas y ganaderos.
Contrario a lo que se podría suponer, una de las conclusiones más destacables del estudio, apunta a que el déficit de financiamiento del sector agropecuario no se produce por falta de fondos de parte de los bancos sino por el mayor riesgo relativo que el mercado financiero en general percibe en los negocios agrícolas, independiente del rubro.
Se explicita, por ejemplo, que los agricultores carecen de información tributaria-contable que dé cuenta de la situación del negocio, provocando un desincentivo a la innovación y al desarrollo del negocio agrícola.
Entre otras ideas recogidas en el informe, se estima que el 67% de los agricultores pertenecientes a la mediana agricultura (pequeña empresa) están bajo el régimen tributario de renta presunta varias de las cuales podrían estar bajo el concepto de multirut. En esa línea, las empresas agrícolas bajo el sistema de renta presunta no producen información suficiente que permita conocer el estado y proyección del negocio agrícola. Esta situación limitaría el acceso a financiamiento, pero también la capacidad de gestionar los negocios con los desafíos de mercados globalizados.
El estudio advierte que la renta presunta es considerada por muchos agricultores como una “conquista histórica”, por lo que efectuar cambios que impliquen modificar este sistema puede generar resistencias. “Las políticas públicas deben considerar este factor desde su diseño e incentivos que encanten al pequeño empresario agrícola con las oportunidades que trae aparejadas el salir del sistema de renta presunta. A este proceso coadyuvaría la actual reforma tributaria”.
Las propuestas
Con el diagnóstico en la mano, se plantea abordar la disminución de estas brechas de demanda de financiamiento a través de la “política de disminución de asimetrías de información”. Esta idea considera incorporar nuevas capacidades en el sector, que van desde la educación financiera hasta la adopción de prácticas de gestión predial que ayuden a transitar desde una lógica de agricultor a una de empresario agrícola.
Mientras, según se declara, las brechas de oferta de financiamiento están relacionadas con la incapacidad de adaptación que muestra el ámbito financiero tradicional para construir una oferta adecuada a las necesidades de recursos del rubro.
Una segunda propuesta apunta a aumentar el número de oferentes financieros hacia el mundo agropecuario y, además, dar a estos nuevos actores acceso a instrumentos financieros estables para situarlos en condiciones comparables al resto del sector financiero.
Odepa realizará plan para ejecutar propuestas
A partir de los resultados y las propuestas obtenidas en el estudio encargado por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), la institución decidió que en conjunto con organizaciones públicas y privadas, elaborará un plan de acción que permita implementar dichas recomendaciones.
Consultada por los plazos involucrados, el servicio aseguró que "estarán determinados por el plan de acción que se defina, cuya construcción estará en función de las normativas a modificar o establecer, recursos, logística, entre otros factores".
La propuesta pyme
Considerando que el problema del acceso a financiamiento de las pyme es una temática conocida y que ya está siendo discutida por distintas instancias del Estado, se recalca que si en estos no participa el Ministerio de Agricultura, se genera el peligro de construir normas y herramientas poco coherentes con las necesidades de las Pymes agrícolas. Además, se podría desaprovechar potenciales desarrollos por el solo hecho de no haber sido parte de la discusión. Por esta razón, el estudio propone que para aprovechar los esfuerzos y desarrollos de los demás ministerios e instituciones desde el inicio cuando se evalúen impactos a cambios normativos, es que el Minagri debiese explorar la creación de un comité interministerial que aborde esta temática.
De esta forma, la denominada "política de articulación interministerial" se haría cargo de la realidad pyme.
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