El Pleno de la Corte Suprema determinó otorgar dedicación exclusiva al
ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Mario Carroza Espinoza para que
indague las eventuales vinculaciones del Poder Judicial con una organización que
se dedicaba a buscar beneficios irregulares para personas con antecedentes
criminales.
Reunido el Pleno del máximo tribunal del país en la ciudad de Santa Cruz,
Región de O’Higgins, se determinó adoptar la decisión dado la gravedad de los
hechos que han sido conocidos públicamente y que ya estaban siendo indagados
desde mayo pasado por el ministro Carroza.
"Se ha determinado otorgarle dedicación exclusiva al ministro Carroza y
ampliar (sus facultades) a cualquier antecedente que sea necesario investigar.
Esto forma parte de nuestra política de asumir las situaciones que nos afectan y
tratar de investigarlas y corregirlas", indicó el presidente de la Corte
Suprema, Urbano Marín.
Consultado respecto de si le parece preocupante que funcionarios judiciales
aparezcan vinculados a organizaciones delictuales, Marín respondió: "siempre es
preocupante por la gravedad que tienen y por eso se está investigando. La
indagatoria que ha hecho el ministro Carroza está en el plano administrativo,
porque desde el punto de vista penal se encuentra radicada en el Ministerio
Público, pero ambas se han tramitado de manera separada".
A primera hora, el ministro Mario Carroza había informado que dos
funcionarios judiciales integraban una red de apoyo para facilitar beneficios a
sujetos con antecedentes judiciales. Se trata de René Pizarro Araya del 32°
Juzgado del Crimen del Santiago, y de Joaquina Carreño Ramírez del 4° Juzgado
del Crimen de Santiago.
Ambos fueron suspendidos de sus funciones y se determinó abrir una
investigación administrativa en su contra para determinar su responsabilidad
funcionaria en estos hechos.
Además, el grupo lo integraban Margarita Cuadros Aedo y Beatriz Biarretz
quienes cumplieron funciones en los antiguos juzgados del crimen y que desde
hace años no forman parte del Poder Judicial.
A ellos se suman Uberlinda Elizondo y Gloria Navarrete, quienes fueron
expulsadas del Poder Judicial, luego de iniciarse en mayo pasado la
investigación por actuaciones irregulares en la entrega de beneficios a personas
procesadas o condenadas.
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