Abril y mayo son meses de conteos y balances al interior de una serie de organismos del sector público. El jueves, de hecho, fue el turno de la Dirección del Trabajo (DT), cuyo registro de la gestión dio cuenta que 2022 fue un año marcado por un alza en las fiscalizaciones en terreno, según lo confirmó el director del servicio, Pablo Zenteno.
En línea con el eje del servicio de promover el trabajo decente, el personero comentó que durante el ejercicio anterior se dio especial relevancia a la cobertura fiscalizadora de la entidad y la promoción de relaciones laborales justas, entre otros temas. Estas prioridades se vieron reflejadas en los indicadores del servicio. Zenteno informó que el año pasado la DT aumentó sus fiscalizaciones en 5,6%, alcanzando las 82.486 fiscalizaciones en 29.460 empresas.
Zenteno expuso que el servicio se propuso la meta de subir un 9,1% las fiscalizaciones, llegando a 90 mil.
Este tipo de procesos gatillados por denuncias sindicales creció un 11,9% para llegar a 4.210.
Según lo informado, las fiscalizaciones se tradujeron en 42.680 sanciones y multas totales que superaron los $ 92 mil millones.
De acuerdo a lo expuesto por el director del servicio, durante 2022 también se realizaron 142.981 conciliaciones que permitieron recuperar $ 72 mil millones para beneficio directo de trabajadores y trabajadoras que plantearon su disconformidad con sus finiquitos.
Más de 390 mil trabajadores negociaron
Durante la cuenta pública también se conoció que el pasado se registraron 2.905 instrumentos colectivos en la DT como resultado de procesos de negociaciones colectivas, los que involucraron a 391.077 trabajadores.
La cifra de negociaciones es un 3,4% más baja de lo registrado en 2021, cuando se registraron 3.007 instrumentos.
Pese al descenso, la cantidad es superior a lo que ocurrió en 2020 -año uno de la crisis sanitaria que generó la pandemia-, cuando se constataron 2.228 instrumentos colectivos.
Del total de instrumentos colectivos registrados en el ejercicio anterior, un 66,4% correspondió a contratos colectivos, un 31,3% a convenios colectivos y un 2,3% a acuerdos de grupos negociadores (acuerdos de grupos que se registraron antes del dictamen que prohibió volver a registrar estos instrumentos, ya que no son instrumentos válidos).
En el contexto del diálogo social, Zenteno expuso que se activaron 37 mesas de trabajo para mejorar las relaciones laborales que involucraron a 188 empresas del agro, minería, industria, puertos, servicios y comercio. En dichos espacios se alcanzaron 49 acuerdos, beneficiando a 92.367 trabajadores y trabajadoras.
Encla en el segundo semestre
Con respecto a los focos de acción de este año, Zenteno expuso que el servicio se propuso la meta de subir en 9,1% las fiscalizaciones, llegando a 90 mil, principalmente en actividades o territorios con baja sindicalización y plataformas digitales.
También se inspeccionará la nueva jornada de 40 horas, las leyes TEA e Inclusión Laboral, migrantes e informalidad laboral.
Zenteno adelantó que este año, además, comenzará a ser aplicada la nueva Política Nacional de Fiscalización basada en el nuevo Manual de Fiscalización, el cual está en la fase final de su elaboración.
En el segundo semestre se iniciará el trabajo de campo de la décima encuesta laboral Encla -la única de su tipo en el país-, la que estará a cargo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Al cierre de su exposición, recalcó la importancia de ver el diálogo social “como una forma de construir acuerdos que no solamente le den legitimidad, sino que le den estabilidad a los cambios y a las mejoras que necesitamos en el mundo laboral”.
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