A poco más de dos años de la entrada en vigencia de la Ley Karin, la Dirección del Trabajo (DT) dio a conocer nuevas cifras respecto al camino que han recorrido las denuncias realizadas bajo el paraguas de la normativa y, al mismo tiempo, anunció un nuevo paso en su implementación: avanzar desde la recepción e investigación de denuncias hacia una estrategia que busca intervenir antes de que los conflictos escalen.
El cuarto informe estadístico de la Ley Karin, que considera el período entre el 1 de agosto de 2024 y el 30 de junio de este año, muestra que la DT recibió 92.643 ingresos asociados a posibles materias reguladas por la normativa. Sin embargo, el organismo hace una precisión: esa cifra corresponde a acusaciones recibidas por sus distintos canales y no equivale a denuncias que posteriormente hayan sido calificadas bajo el alero de la Ley Karin.
De ese universo, 32.565 denuncias, equivalentes al 35%, fueron clasificadas para continuar su tramitación bajo los procedimientos de la ley, mientras que 48.505 (un 52%), no continuaron por esa vía y fueron derivados a otros procedimientos o cerrados administrativamente. Otros 11.573 permanecían pendientes de análisis y clasificación al cierre de junio.
Así, de las 32.565 denuncias que clasificaron bajo la normativa, 17.907 aún se encontraban en etapa de análisis jurídico al 30 de junio de 2026 y 14.658 registros habían avanzado a la etapa de investigación. De este último grupo, 6.130 permanecían en curso y 8.528 ya habían concluido.
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Mujeres y acoso laboral concentran los casos
El informe también entrega una radiografía de las denuncias que alcanzaron la investigación. El 66,7% fue presentado por mujeres y el 31,7% por hombres, mientras un 1,6% no registra sexo declarado.
Del total de denuncias que avanzaron a la etapa de investigación, el 49% corresponde a grandes empresas; el 18% a pequeñas empresas, el 17% a empresas medianas, y el 11% a microempresas. Para un 5% de los registros no se dispone de información sobre el tamaño de empresa, debido a que no fue posible identificarlos en la base de datos de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC).
Con relación a las materias denunciadas de los casos que avanzaron a investigación, el 86,7% corresponde a acoso laboral, seguido por acoso sexual, con 6,9%, y violencia en el trabajo, con 6,4%.
El giro hacia la prevención
Las cifras llevaron a la DT a poner en marcha “DT Previene”, una estrategia de intervención temprana que busca detectar dinámicas que puedan terminar en situaciones de acoso o violencia, sin reemplazar los procedimientos de denuncia, investigación y fiscalización.
“El volumen de presentaciones que recibimos muestra una demanda de atención que no puede abordarse únicamente después de que los hechos han ocurrido. Por eso, estamos no sólo fortaleciendo nuestros procesos internos para dar mejor respuesta, sino también avanzando hacia los lugares de trabajo, porque el objetivo que nos hemos trazado como Dirección del Trabajo, es prevenir”, señaló el director del Trabajo, David Oddó.
La iniciativa comenzó en la Región Metropolitana, donde más de dos mil personas ya han participado en capacitaciones, y tendrá especial énfasis inicialmente en esta zona y Valparaíso, que concentran el 28,7% y 15,4%, respectivamente, de las investigaciones registradas a nivel nacional. Posteriormente se extenderá al resto del país.
El plan contempla revisión de protocolos, capacitación a empleadores, jefaturas, trabajadores y organizaciones sindicales, además del seguimiento de medidas preventivas.
“Prevenir es actuar antes de que las conductas escalen y, cuando exista una denuncia, proteger a las personas, investigar con rigor y garantizar el debido proceso. La Dirección del Trabajo debe estar presente en ambos momentos”, sostuvo Oddó.
En paralelo, la fiscalización ya arroja resultados: desde agosto de 2024 la DT realizó 4.818 fiscalizaciones vinculadas a la Ley Karin y 2.231 terminaron con al menos una multa. El valor inicial de las sanciones aplicadas alcanza casi $ 5.799 millones, aunque el organismo precisa que esa cifra puede modificarse producto de impugnaciones, reconsideraciones o rebajas y, por tanto, no corresponde necesariamente a montos firmes o efectivamente recaudados.